Por Héctor Tristán*

Registro Fiscal de Operadores de Granos: instrumento cuestionado y temido por operadores granarios opiniones expuestas por la doctrina de importantes y prestigiosos

Resultando impensable impulsar su eliminación, pero es absolutamente recomendable -en nuestro opinión- recoger las tributaristas
Publicado el 16/08/2014 en Columnas
Por Primicias Rurales

Buenos Aires, 16 agosto (Especial para NA, por Héctor Tristán*)
-- El Registro de Operadores de Granos cumple con una función muy
importante como es permitir el control del comercio de granos y en
consecuencia generar la disminución de la evasión fiscal en el
sector. 
   Resultando impensable impulsar su eliminación, pero es
absolutamente recomendable -en nuestro opinión- recoger las
opiniones expuestas por la doctrina de importantes y prestigiosos
tributaristas y de los planteos presentados ante la justicia por
los contribuyentes, tendiente a mejorar sus aspectos
controvertidos.
   Con ello se podrá lograr que el Registro Fiscal de Operadores
de Granos se mantenga como un instrumento eficaz de control de la
evasión en el comercio de granos y su aplicación respetará los
derechos constitucionales de los contribuyentes.
   De esta manera se logrará que su existencia sea reconocida como
útil y necesaria, no solo por el fisco sino también por los
obligados al cumplimiento de su normativa, generando de esta
manera un círculo virtuoso que permita una fiscalización
eficiente, sin que  ello sea un obstáculo para el adecuado
desenvolvimiento del mercado granario.
   En este sentido voy a analizar el dictado de una sentencia
judicial mediante la cual se rechazó la presentación de un recurso
de amparo solicitado por un operador, quien había sido excluido
del Registro Fiscal de Operadores de Granos, vuelve a colocar
sobre el tapete los cuestionamientos que se han efectuado al
mencionado Registro, muy especialmente mediante la opinión de
destacados especialistas en la materia.
   El operador también solicitaba la declaración de
inconstitucionalidad de la RG (AFIP) 2300/2007 en la causa SIECSA
S.A. y otro c/AFIP s/amparo Ley 16.986.
   La decisión de rechazo de ambas solicitudes presentadas por el
mencionado operador fue el titular del Juzgado Federal de
Resistencia (Chaco) N° 1, en el pasado mes de junio del corriente
año, en la causa N° 11000531/2013.
   Para el Tribunal, la norma "tiene en miras facilitar la
identificación de los sujetos involucrados en la comercialización
de granos, y de esta forma agilizar el análisis de las operaciones
de venta, determinando así, la real capacidad económica y
financiera de los operadores, y de producir un más adecuado
control de los sujetos que intermedian en la comercialización de
granos y legumbres".
   Además "tipifica y expone las condiciones para adherirse y
continuar dentro del régimen a cuyo fin establece un catálogo de
supuestos que califican como  incorrecta conducta fiscal ".
   En nuestra opinión, el juzgador no ha receptado las
observaciones que a través del tiempo se han efectuado al Registro
y a ciertas decisiones del Fisco, respecto a la suspensión y/o
exclusión de operadores.
   Así podríamos mencionar:
   a) Reconociendo la enorme importancia que tiene para las rentas
públicas, un eficiente control del mercado de cereales y sus
operadores, no podemos dejar de subrayar que resulta necesario
simultáneamente el cumplimiento de las formas constitucionales que
debe respectar cualquier estado de derecho y que se debería
sancionar una ley.
   b) Es necesario agilizar el trámite de análisis de las
solicitudes de inscripción y de reinscripciones al Registro. Los
tiempos excesivos y los requerimientos discrecionales de los
funcionarios de la AFIP perjudican a los contribuyentes.
   De este modo se afecta seriamente la capacidad económica para
soportar los desfasajes financieros que provoca la espera, unido a
múltiples problemas operacionales para el traslado y
comercialización de la producción.
   c) Considero que se debe establecer una graduación en el tiempo
de la exclusión del contribuyente del registro de acuerdo a la
gravedad de su inconducta fiscal, y no aplicar a todos por igual
los doce meses dispuesto por la normativa.
   d) Se deben eliminar causales de redacción imprecisa que dejan
al arbitrio del funcionario definir si la conducta del
contribuyente encuadra en la categoría de "incorrecta",
estableciendo un claro procedimiento administrativo que le permita
al operador ejercer el derecho a su defensa previo a cualquier
sanción.
   e) Suprimir como causal de exclusión, la definida en el inciso
b) del Anexo VI ítem 13) de la RG 2300/2007, "Ajustes de
fiscalización relevantes: a) No conformados o b) conformados no
regularizados o no ingresados", lo cual implica que si el
contribuyente decide ejercer su legítimo derecho a discutir con el
Fisco un ajuste pretendido por este, su decisión es considerada
una "inconducta fiscal" y por lo tanto punible.

Primicias Rurales

NA


Noticia publicada el 16/08/2014 a las 19:46
Última modificación: 16/08/2014 a las 19:46


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