Buenos Aires, 20 septiembre (PR/18) — La suba en el porcentaje de las retenciones contemplado en el proyecto oficial de Presupuesto para 2019 desencadenaría una situación peor que la planteada en 2008 con los derechos móviles que establecía la controvertida resolución 125.
La advertencia fue formulada por la Fundación Barbechando en referencia a la posibilidad de llegar a potenciales retenciones del 33% al 2020. .
“Desde el punto de vista del proceso legislativo estaríamos ante una situación peor a la del 2008, donde el campo pudo frenar la aplicación de la resolución 125 en el Congreso nacional”, indicó en un comunicado difundido por la entidad que preside Alvaro Tomás.
Ocurre que existe la posibilidad, contemplada en el proyecto de Presupuesto 2019, de fijar derechos de exportación con una alícuota de hasta el 33% del valor FOB, es decir de la mercadería puesta en puerto para exportar.
“En el proyecto presentado, el artículo 83 faculta al Poder Ejecutivo a fijar derechos de exportación hasta del 33% en cualquier producto y extiende esta facultad hasta el primer año del próximo Gobierno, es decir, diciembre del 2020”, sostuvo el mensaje institucional.
La Fundación Barbechando surgió de las protestas realizadas en 2008 por las cúpulas patronales del campo y se constituyó en 2011, con presencia permanente en los ámbitos legislativos de discusión.
“Como Organización dedicada a la valorización del trabajo parlamentario y su acercamiento a los productores agropecuarios, vemos con suma preocupación el espíritu de este artículo y llevaremos adelante distintas actividades en busca de su eliminación”, advirtió.
Así en los próximos días sus integrantes solicitarán reuniones con legisladores de todas las fuerzas políticas para expresarles su preocupación y conocer sus posiciones.
La entidad está compuesta por productores y profesionales vinculados a la actividad agroindustrial, de distintas regiones del país y con diferentes trayectorias.
“Aprendimos que no alcanza con reclamar ante hechos consumados, sino que es preciso participar en el debate y sanción de normas y leyes que regulan la actividad económica y social”, por eso “llevamos el campo al Congreso”, manifiesta el sitio de la entidad. .
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