Buenos Aires, 22 septiembre (Especial para NA)– Cuando pensábamos que la época de los derechos de exportación, impuesto regresivo por excelencia, estaba superada, la administración de turno, a fin de incrementar la recaudación total con miras a reducir el déficit fiscal, establece, ahora en forma generalizada para todas las exportaciones, las retenciones.
Este impuesto en Argentina, que se remonta a mediados del siglo XIX, fue en los años ochenta del siglo anterior y en la primera década del actual donde se aplicó con las más elevadas tasas sobre la mayoría de los granos y derivados a exportar.
Si se considera el total recaudado por este concepto, desde el retorno de los derechos de exportación, finalizado el plan de convertibilidad en 2002, el mismo incluyendo lo previsto para este ciclo, alcanza los 97 mil millones de dólares, valor que el sector primario transfirió a las arcas del Estado.
Lamentablemente, nada de ello volvió a los productores en forma de infraestructura, para reducir los altos costos que por la ineficiencia del sistema siguen pagando. Si se hubiese destinado solo el 10% de lo recaudado en ese período, se podría haber construido nuevas autopistas y una capacidad de almacenaje acorde con las necesidades del sector.
A diferencia de otras oportunidades, la tasa de derecho de exportación es fija en 4$ por dólar para la materia prima y 3$ por dólar para los productos elaborados.
En tal sentido, llama la atención que en este último rubro no se hayan incorporado los derivados de la molienda de soja, ya que por definición tienen un valor agregado adicional.
Si bien la tasa es fija, al menos por ahora, la retención funciona como un concepto móvil, ya que varía según el tipo de cambio. En la medida que éste se incrementa, el impuesto decrece.
A la inversa si el tipo de cambio se revaloriza la tasa aumenta, por lo cual se estableció un gravamen máximo del 12%.
Considerando un tipo de cambio en torno a 38 dólares la tonelada, el efecto de este impuesto es de 10.5% para todos los granos, con excepción del complejo sojero que se ubica en 28.5% para poroto, aceite y harina y 25.5% para el biocombustible.
Cabe aclarar que las retenciones del complejo sojero se redujeron al 18% (horizonte previsto para fines de 2019) y sobre ello se aplica la nueva tasa.
Este gravamen se descuenta sobre los precios FOB de exportación – que de por si están bastante deprimidos- lo cual se refleja en el precio a los productores en similar proporción. Como ejemplo de ello, el trigo para embarque en enero que se negocia en torno a 240 dólares la tonelada y que hasta hace unos días atrás se pagaba internamente en niveles de 220/225 dólares la tonelada (descontados los gastos para ponerlo en condiciones de exportación), con el nuevo impuesto su precio interno se redujo a 200/202 dólares la tonelada.
Es necesario decir que si bien el productor se vio beneficiado por un tipo de cambio más alto, producto de la devaluación que se registró en las últimas semanas, esta ventaja se diluyó en alguna medida con las nuevas retenciones.
La esperanza es que como dijeron las autoridades, este impuesto sea transitorio y que pasada la crisis se vuelva al esquema anterior, aunque a juzgar por lo ocurrido históricamente en nuestro país en materia tributaria, se generan muchas dudas al respecto.
(*)Agritrend SA
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NA
