Por Ángel Leotta, presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar)

Frente al complejo contexto actual por la caída en el consumo, la cadena vitivinícola -conformada por 800 bodegas y 17.000 productores de uva, distribuidos en 18 provincias argentinas y con llegada a más de 120 países, requiere de políticas sectoriales específicas para recuperar su crecimiento en el mercado interno y externo.

Un caso de particular interés es el del vino espumante que los últimos dos años registró una caída de ventas de 17% frente al 15% del resto de los vinos, y que se encuentra actualmente camino a perder una modificación impositiva que le permitió en el período 2005/2015 –a través del Programa de Expansión del Sector Vitivinícola– , invertir durante 10 años el equivalente al 125% del impuesto, agregando además que las referidas inversiones no podrían ser inferiores a 150 millones de pesos: en esos 10 años se invirtieron más de 1.700 millones de pesos.

Este programa hizo posible crecer significativamente tanto en volumen fraccionado como en cantidad de bodegas, pasando de 22 millones a 45 millones de litros, y de 61 bodegas fraccionadoras de espumantes a 133 establecimientos en 2016. Es decir que el crecimiento estuvo motorizado por un aumento del número de empresas que ingresaron al negocio de los espumantes pasando de un mercado muy cercano a la concentración a uno diversificado.

Además, el análisis de las ventas por color señala que más del 91% correspondió a vinos espumantes blancos, siendo el 9% restante rosados y tintos. Estos datos son importantes porque el incremento en las ventas de vinos espumantes blancos (la mayor proporción) ha contribuido al equilibrio del mercado de uvas, especialmente de las blancas, como así también a elevar los ingresos de un sector de la producción primaria que se ha visto en dificultades en los últimos años.

Por otra parte, se registra una oferta más diversificada que ha incorporado cambios en la presentación, opciones con menor graduación alcohólica y mayor presencia en diferentes segmentos de precios, mostrando esto último que los vinos espumantes no son ya productos de lujo. Así, el vino espumante adquiere mayor participación en el mercado argentino: del 1,7% del total de vinos despachados en 2005 pasó a representar 4,8% en 2016.

Pero esa realidad podría cambiar si no se logra que el vino espumante quede definitivamente fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Impuestos Internos a los productos suntuarios. Desde sus características intrínsecas como producto derivado de la uva, el vino espumante es un tipo de vino y por ello no debe tributar impuestos internos, tal como ocurre con el resto de las bebidas vínicas. Más aún: el vino argentino fue declarado por Ley 26.870 como la Bebida Nacional, título que incluye a los vinos espumantes, y que representa otro fundamento para eliminar su gravamen interno ya que el objetivo central es la promoción de las economías regionales relacionadas con la vitivinicultura y una carga tributaria va a contramano de ese objetivo.

En conclusión, resulta imperioso adecuar la legislación a las características que han adquirido los vinos espumantes argentinos en los últimos años y contribuir desde las políticas tributarias a su promoción y expansión por el bien de la Argentina.

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