Buenos Aires, 8 noviembre (PR/18) — Unos 2.500 productores de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) no quieren pagar el impuesto inmobiliario en campos donde no se puedan aplicar fitosanitarios.
Esta exigencia surgió después del fallo que prohíbe la pulverización aérea y terrestre en proximidades de escuelas rurales.
A través de una nota presentada ante el ministro de Economía provincial, Hugo Ballay, la FARER solicitó la eximición en el pago del Impuesto Inmobiliario Rural de los inmuebles cuyas partidas se encuentran afectadas por la prohibición judicial para todo tipo de pulverización aérea y terrestre en proximidades de escuelas rurales del territorio provincial.
Asimismo, informaron desde la organización, según el sitio Infocampo, que esta disposición como ha sido fundamentado por profesionales en diversos ámbitos, restringe todo tipo de actividad productiva que requiere el uso de insumos correctamente habilitados por organismos nacionales para el desarrollo de las prácticas agrícolas.
Por otra parte, la Federación considera que la medida es de “sesgo arbitrario y deja sin posibilidades a innumerables productores, en gran parte de escala y capacidad económica pequeña y mediana, acotando que éstos no podrán ejercer el derecho laboral de trabajar, generando una situación de precariedad y exclusión, ante la imposibilidad de obtener una reconversión en sus emprendimientos”.
El texto exhorta a la administración provincial, a que contemple en forma urgente una resolución paliativa que permita resarcir los daños que recibirán los contribuyentes comprendidos por esta determinación de la justicia.
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