Buenos Aires, 29 enero (Especial de NA, por Matilde Fierro) — 
Las contingencias climáticas, inundaciones e incendios y la 
necesidad de asistir a productores agropecuarios y tamberos en un 
extenso territorio de la Argentina pusieron de manifiesto que la 
burocracia del Estado no cede ni siquiera en una crisis. 
   El ritmo de las tareas de asistencia se hace más pesado aún 
por la demora de la concreción de las decisiones que se toman en 
los niveles gubernamentales. 
   Matías de Velazco, joven productor de la zona bonaerense de 
González Chaves y presidente de la Confederación de Asociaciones 
rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) dijo a NA que tiene 
que lidiar con las inundaciones bonaerenses y los incendios ante 
la burocracia estatal. 
   "Estamos centralizando la ayuda desde Carbap para las áreas 
necesitadas, rollos de pasturas y alimentos que se han donado, 
los carretones del Ejército que se usan para trasladar tanques 
(de guerra), dos por vez, los utilizamos para llevar la carga y 
juntamos dinero para pagar el gas oil", sostuvo en diálogo con 
Noticias Argentinas. 
   Poner en vinculación el Ministerio de Defensa con el 
Ministerio de Agroindustria y los organismos descentralizados 
para que se autorizara la utilización de los carretones basados 
en unidades del Ejército y su movimiento con los rollos equivalió 
a una película de encuentros y desencuentros.
   Visiblemente cansado, De Velazco reflejó con gestos en la 
charla las consecuencias de la crisis que comenzó con las lluvias 
de abril, siguió con más precipitaciones, caminos intransitables, 
pérdidas de cultivos y hasta ganado quemado por los incendios del 
oeste bonaerense y la zona de La Pampa aledaña. 
   Ahora, entre otros temas, están abocados a efectuar la 
logística para conseguir más rollos con pastura para la ganadería 
desplazada de los campos incendiados, como en La Adela (La 
Pampa), coordinar los fletes y la descarga. 
   Hay lugares donde se han juntado rollos para alimentar 
animales, como producto de las donaciones de Coronel Suárez, 
Pigué y distintos lugares, además de juntar "plata" para comprar 
otros. 
   El operativo se lleva a cabo sobre un escenario dinámico, las 
lluvias son esporádicas, los focos de incendios se avivan y las 
asociaciones de ganaderos, como la de Bahía Blanca, además de los 
integrantes de las 114 asociaciones rurales que integran Carbap 
debieron poner manos a la obra.  
   "Sabés lo que nos costó que se entendieran el Ministerio de 
Defensa y el de Agroindustria para que se utilizara el uso de los 
carretones, burocracia por donde la busques, al Estado le cuesta 
movilizarse", sostuvo el dirigente y agregó: "Eso que hay 
voluntad, porque si hubiera sido en otra época, peor aún". 
   Sin embargo, mientras las críticas de un campo jaqueado 
inclusive por la dificultad existente para vender el trigo con un 
precio diferencial por calidad, el Gobierno rinde cuentas a 
través 
de comunicados que parecen atribuirse más logros que los reales. 
   Por ejemplo la Ley de Emergencia y Desastre Agropecuario, en 
rigor para los productores, significa diferimiento del pago de 
impuestos, pero no le desaparece la carga y costos económicos en 
medio de la situación crítica y a futuro. 
   "Si bien la provincia de Buenos Aires y de La Pampa han salido 
con unos créditos blandos, con tasas de 12 por ciento, para dar 
una mano a los productores, no alcanza, la situación requiere un 
año más de gracia por ejemplo para recomponer. El productor 
afectado está en la lona", confió De Velazco. 
   Respecto del papel estatal, el presidente de Carbap fue 
taxativo, "el Ministerio de Agroindustria está colaborando con la 
burocracia de un Ministerio".
   "Hay voluntad, pero bueno, es un Estado sobredimensionado que 
lo estamos pagando con impuestos que es una parte importante de 
nuestros reclamos por la alta presión tributaria que tenemos 
nacional, provincial y municipal". 
   La sensación, según su opinión es que "mover la burocracia es 
difícil" y esta coyuntura lo demostró.  
   "Pedimos que se revea la Ley de Emergencia porque los 
beneficios que contempla no alcanzan y encima ahora en la 
provincia de Buenos Aires hablan de que la valuación fiscal está 
muy baja. Se viene más presión impositiva", concluyó.  
 
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