Buenos Aires, 24 diciembre (Especial de NA, por Matilde Fierro) — Una noticia en vísperas de Navidad y Año Nuevo se viralizó y es que el kirchnerismo podría asumir la titularidad de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación.
La versión dada a conocer por el diario La Nación causó malestar en el ámbito agroindustrial, máxime cuando un legislador de Cambiemos, Pablo Torello, en declaraciones a la prensa, consignó que no se trata de una Comisión "estratégica", a pesar de ser productor agropecuario este diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.
En tanto, la Argentina acumula récords, como ser el primer exportador mundial de harina de soja, un producto con agregado de valor y se abren mercados en el mundo para la agroindustria argentina, exaltada no pocas veces por el mismo Mauricio Macri como de suma importancia para el desarrollo económico y exportador del país.
Los nombres que circulan para presidir la conducción de la (ahora no estratégica) Comisión estremecen a los hombres y dirigentes del campo, ya que se trata de Axel Kicillof, Agustín Rossi y Luis Basterra.
Este último diputado ya fue presidente de la Comisión y aunque quiso no obtuvo logros, mientras que como ministro de Economía, Kicillof trabó las exportaciones, incentivó los ROES, para vender la carne, lácteos y granos con sus subproductos al exterior.
Rossi aparece con un posible encono contra el campo desde que en 2018, la Resolución 125 (pergeñada por Martín Lousteau) desató el conflicto que enfrentó al agro con el Gobierno de Cristina Kirchner en las rutas durante unos cuatro meses, pero luego se cortó todo diálogo con el sector agropecuario argentino en una suerte de aplicación de la "ley del hielo".
Torello justificó el posible abandono de la Comisión de Agricultura en antiguos enemigos del campo porque el oficialismo necesita ocupar las 22 que le corresponden para sacar leyes necesarias que aseguren la gobernabilidad y les permita avanzar en 2018.
Sin embargo, el agro también tiene su manojo de reclamos: alta carga tributaria, costos, fletes, retraso cambiario, el biodiésel, despegue de las economías regionales en problemas, que necesitan ser tratados.
Le corresponderá al ministro de Agroindustria nacional, Luis Miguel Etchevehere realizar gestiones para descomprimir el revuelo que causó la versión.
Además deberá ocuparse de que se cumpla lo que prometió al asumir que es la simplificación de los trámites que jalonan la burocracia del sector.
Una muestra de los problemas existentes es la normativa más compleja de todas fue implementada por el actual gobierno macrista: se trata del "Registro Fiscal de Tierras Rurales Explotadas".
Según destacó el sitio Valor Soja, el proceso de carga de datos y documentos en el nuevo registro, cuya presentación debe estar lista el 1 de enero de 2018, consta nada menos que de 47 pasos.
NA fue testigo de los afanes de dos productores, el arrendatario y el dueño del campo que debieron recurrir a la ayuda de contadores especializados en el sector agropecuario para solucionar este engorroso trámite que por las suyas no lograron destrabar.
Insólitamente con tanta carga negativa, posiblemente se esté pensando próximamente extender las exigencias de ese registro a los campos ganaderos.
La abultada bolsa de trámites burocráticos que les compete a los empresarios agrícolas apenas ha decrecido. Inevitablemente, deben destinar cada vez mayores recursos a asesores contables para desatender (especialmente en caso de los productores más pequeños) inversiones relativas a la producción y comercialización de granos.
Los técnicos del área de Investigación y Desarrollo de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA) efectuaron un informe sobre las diferentes disposiciones normativas diseñadas para complicarle la vida a los productores agrícolas, la mayor parte de las cuales fueron creadas por el régimen kirchnerista.
Por ejemplo sigue vigente la resolución 684/2008 de la Oncca, creada en junio de 2008 (en pleno "conflicto agropecuario"): Si bien ese organismo ya no existe más, la norma dispone que los empresarios deben informar, por medio de una Declaración Jurada, sus existencias de granos.
La reglamentación dice que deberá hacerlo "personalmente en el Centro de Atención al Público de la Oncca, sita en Avenida Paseo Colón 922, planta baja, oficina 16, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en las agencias del interior del país del organismo".
Otra norma creada durante el "conflicto agropecuario" es la disposición conjunta 1/2008 y 41/2008 del Senasa, la cual incorporó a los empresarios agrícolas en la obligación de obtener el Renspa (Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios).
Así sigue la lista: parece que el sector agropecuario es estratégico, pero su importancia corre el riesgo de caer en el olvido legislativo y en otros ámbitos.
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