Buenos Aires, 29 julio (Especial de NA) — El Monotributo Social Agropecuario y la decisión del Gobierno de eliminarlo en diciembre causó reacciones de pequeños productores rurales y agricultores familiares que ya realizaron un “verdurazo” frente al predio de Palermo de la Sociedad Rural (SRA) y un “tractorazo” en inmediaciones del Ministerio de Agroindustria de la Nación.
Lleva la voz cantante la Unión Trabajadores de la Tierra (UTT), acompañada por asociaciones de pueblos originarios, el Frente Nacional Campesino y la Agrupación Grito de Alcorta de la Federación Agraria, entre otros.
Ante esta situación, NA conversó con el subsecretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Agroindustria, Felipe Crespo, en la 132° Exposición Rural de Palermo, luego de que el mismo día de la inauguración de la muestra los productores repartieran en la puerta por avenida Sarmiento cinco mil kilos de verdura de hoja para protestar por lo que consideran un atropello.
“Alertamos sobre las dramáticas consecuencias de las políticas del Gobierno nacional, que no garantizan las condiciones mínimas para seguir produciendo”, advirtió la UTT que también sacó un duro documento.
La historia tiene dos caras porque en 2019 los pequeños productores no se quedarán sin el Monotributo Social, sólo se quitará la denominación de Agropecuario y un subsidio de 268 pesos y seguirán gozando de los beneficios.
En tanto, Crespo habló con esta columna para intentar echar agua a las llamas y aclarar el conflicto.
“Respecto del Monotributo Social Agropecuario, es un convenio vencido entre los Ministerios de Agroindustria y de Desarrollo Social del 2009”, explicó el funcionario.
Recordó que a partir de la pelea que hubo entre el kirchnerismo y el campo por la Resolución 125 de retenciones móviles surgió este convenio de los monotributistas sociales, que son pequeños productores y proveedores de servicios no exclusivamente de productos agrícolas.
“Qué era lo que hacía el Monotributo Social Agropecuario en diferencia del Monotributo Social, pagarle el 50% del componente de salud que hoy son 268 pesos”, dijo Crespo. .
En tanto el Monotributo Social a secas les cubre el 100 por ciento de los componentes impositivos y previsional y el 50% del de salud.
“Todos los monotributistas sociales, tejedoras, productores de servicios en pequeña escala tienen esa herramienta para formalizarse, pero deben pagar el 50 % de la obra social, 268 pesos”, ratificó.
Con Agroindustria se había firmado este convenio (ya vencido) y el Ministerio se hacía cargo de ese 50 % o sea que están pagando los 268 pesos, por un total mensual de 30 millones de pesos.
“Ha estado en revisión esta herramienta porque hemos advertido que no estaba utilizándose, se fue a registrar a mucha gente que ni siquiera usaban la obra social o la facturación. Simplemente son un número. Son 55 mil titulares y con los adherentes llegan a 107 mil que ya eso indica que no le han dado importancia porque podrían haber adherido a toda la familia. Un núcleo familiar en principio son cuatro miembros”, detalló Crespo.
Vale la salvedad de que en Formosa encontraron 350 taxistas inscriptos en el Monotributo Social Agropecuario.
“El 55 por ciento de los monotributistas sociales agropecuarios no tienen ningún adherente, quizá se anotaron y allí quedó”, añadió Crespo.
Ahora el Ministerio ha hecho una convocatoria para que actualicen sus datos con dos condiciones: que actualicen sus datos con una fotocopia del documento y algo que pruebe que están utilizando la herramienta, que puede ser un talonario de facturas, que esté vigente, que en el último año lo haya usado.
Este proceso de reempadronamiento lo realizan desde el 2 de julio y se extenderá hasta el viernes 10 de agosto en todo el país, porque los agricultores familiares están diseminados, por eso el Gobierno va a ciertas cadenas productivas como yerba mate, cañeros, hortícolas, con una convocatoria en radios y diarios locales para que se incorporen la mayor cantidad posible a la actualización.
Crespo expresó que quienes se actualizan hasta el 10 de agosto van a mantener el 100 por ciento del subsidio de 268 pesos hasta fin de año y “a partir del 1° de enero de 2019 pasan todos a ser monotributistas sociales”.
“Es decir el Estado sigue ofreciendo la herramienta de formalización, pero como nosotros consideramos que quien puede facturar es porque negocia con lo que produce tiene la posibilidad de hacer ese esfuerzo y pagar los 268 pesos”.
Manifestó que “hoy le está costando al Ministerio de Agroindustria de la Nación, 30 millones de pesos por mes para esta herramienta que en su gran mayoría no está siendo utilizada para el objetivo con que fue creada”, aseveró el subsecretario.
Por parte de los agricultores familiares, el argumento es que ni siquiera pueden vender la producción por la dura situación económica y que necesitan de toda la ayuda posible.
Para Crespo eso es “relativo” porque “gran parte de la producción hortícola proviene de los agricultores familiares. Lo que comemos todos los días viene de ellos. Me parece que es un nivel de exageración”.
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Comercialización
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Añadió que se encuentran “trabajando en el aspecto de la comercialización porque consideramos que es vital para ayudar a los más vulnerables. Hemos tomado las distintas cadenas y entre ellos está la UTT que pertenece al cordón hortícola bonaerense y estamos sumándolo al Compre Público con el Ministerio de Desarrollo Social”.
Ya hay una orden de compra de 45 mil bolsones para abastecer a nivel nacional a comedores y otros establecimientos y “los estamos capacitando en la provincia de Buenos Aires. Además hemos hecho un protocolo de inocuidad para que los alimentos que se proveen al Estado estén garantizados. Se les va a pagar un valor que les conviene, en modalidad de compra directa”.
El mecanismo: el Gobierno adelanta un valor para el empaque y otras actividades previas y con cada entrega se les paga el 70 por ciento.
A principios de agosto se empezaría con la provisión de los bolsones que son en total por cinco millones de pesos y que contienen productos hortícolas.
Sin embargo la posición parece irreconciliable. Los pequeños productores además piden tarifas diferenciadas para la electricidad y gasoil, créditos blandos a tasa subsidiada, subsidios a los insumos utilizados en la producción e implementación de la Ley de Emergencia Social, entre varios requerimientos.
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