Por Matilde Fierro.
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Buenos Aires, 9 diciembre (NA) — La Sociedad Rural Argentina (SRA) volvió a reafirmar su derecho sobre el predio ferial de Palermo y rechazó el alegato de la fiscalía y la querella en el juicio oral.
Sostuvo la legalidad de la operación de compra y sus derechos sobre el predio y respaldó “en todo” la actuación de su ex presidente Eduardo de Zavalía, de su ex secretario Juan Alberto Ravagnan y de los demás directivos intervinientes en la operación.
Luego de tomar conocimiento de los alegatos formulados por la fiscalía y la querella en el juicio por la compra del predio Ferial de Palermo, la SRA rechazó los argumentos esgrimidos por considerarlos “sesgados y parciales” y por ser “contrarios a la verdad”.
Asimismo, reafirmó sus derechos sobre el espacio donde se realiza la tradicional muestra ganadera y agroindustrial todos los inviernos frente a Plaza Italia en Palermo y lo hizo “en la convicción y certeza de haber actuado siempre conforme a Derecho”.
En diálogo con NA, el presidente de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina, indicó: “Sabemos que la operación de compraventa fue legítima y ajustada a Derecho, y eso nos ampara”.
“Confiamos en la justicia y en los profesionales que nos representan. Pero también debemos reconocer que 27 años lidiando con este tema es mucho tiempo, en particular, para los directivos involucrados. Para que sea plena, la justicia debe ser lo más rápida posible”, señaló.
Agregó que “no es justo -la redundancia es adrede- someter a personas a un proceso de 27 años, casi el tercio de una vida humana”.
Respecto de la situación legal consignó: “Estamos en pleno juicio oral, en la etapa de los alegatos. Ya expusieron la fiscalía y la querella y ahora viene el turno de los alegatos de nuestra defensa. En esta etapa terminaremos de probar que la operación es legal”.
Pelegrina consideró que no debe evaluar por qué el Gobierno quiere recuperar el predio.
“No nos corresponde a nosotros responder eso. Lo que sabemos es que está doblemente representado. Por un lado, está el Ministerio Público Fiscal, que representa al Estado, y por el otro, una querella en nombre de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). A nuestro entender esto es sobreabundante”, confirmó.
Reconoció que la situación “está en manos de la Justicia” y confían “en ella”, al tiempo que sostuvo que tienen “la tranquilidad de que se trató de una operación legal en función de tres ejes fundamentales”.
Uno de ellos es que el predio ferial de Palermo nunca formó parte del Parque Tres de Febrero, como alegan la querella y la fiscalía.
Además de que siempre estuvo en el dominio privado del Estado y por lo tanto el Gobierno de entonces podía venderlo de la manera en que lo hizo.
El otro eje es que se pagó un precio justo en función de los valores de mercado y las restricciones y cargos que tiene el predio que, dicho sea de paso, se cumplieron todos, como reconoció el mismo Estado.
“En rigor, la SRA tuvo que vender valiosos activos para hacer frente a esta compra”, sentenció Pelegrina a Noticias Argentinas.
La SRA rechaza también el planteo de la querella de la Agencia de Administración de los Bienes del Estado (AABE), en particular, el pedido de restitución del predio ferial de Palermo.
Advirtió que, culminados los alegatos de la Fiscal y de la querella, los abogados de SRA expondrán ante el Tribunal todos los desvíos en los que se incurrió, así como la verdad de lo ocurrido y la licitud de todo lo acontecido.
La fiscal de juicio Gabriela Baigún y el Gobierno Nacional reclamaron la restitución al Estado del predio ferial de Palermo, que en 1991 le fuera otorgado a la Sociedad Rural.
Por este hecho se exigió una pena de cuatro años de prisión para el ex presidente Carlos Menem, y de tres años y nueve meses para el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, administración durante la cual se realizó la operación inmobiliaria.
Por su parte, el Gobierno formuló la solicitud mediante el letrado (AABE), Agustín Alsina, quien adhirió al pedido de restitución y de penas para Menem y Cavallo.
El pedido de penas de la fiscal fue en su alegato ante el Tribunal Oral Federal 2 y en ese marco también reclamó condenas para otros dos ex funcionarios del Ministerio de Economía, además de dos años y diez meses de sentencia para Zavalía.
En tanto, el caso fue enviado a juicio por el juez federal Sergio Torres y ahora el TOF 2 estudia los hechos que tuvieron lugar en 1991.
La sospecha es que se provocó un perjuicio al Estado Nacional por aproximadamente 100 millones de dólares con la venta del predio ferial de Palermo, pues la operación se habría cerrado en un 25 por ciento menos de su valor: se fijó en 30 millones de dólares cuando dicho inmueble valía como mínimo 131.800.000 pesos, según evaluó la fiscalía.
El final sigue abierto.
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