Buenos Aires, 14 julio (PR/19) — La producción orgánica en la Argentina cuenta ya con 3,2 millones de hectáreas certificadas, lo que representa un crecimiento interanual del 12% y que coloca al país, segundo en el ranking mundial, detrás de Australia.
En la Argentina, esta actividad es desarrollada por 1366 productores primarios, reúne a 1590 operadores certificados totales y llegó a representar exportaciones por 165.867 toneladas.
Además abastece a un mercado interno en pleno crecimiento, de modo que la producción orgánica representa hoy una alternativa posible y rentable que agrega valor a los alimentos argentinos y abre nuevas oportunidades comerciales a los productores.
En este sentido, la Secretaría de Gobierno de Agroindustria de la Nación congregó a la 65ª Reunión de la Comisión Asesora para la Producción Orgánica, ámbito donde se encuentran representadas todas las instituciones, tanto públicas como privadas, que trabajan para aumentar la competitividad de este sistema de producción.
Durante el encuentro, que contó con la presencia del secretario de Alimentos y Bioeconomía, Andrés Murchison, y la directora Nacional de Alimentos y Bebidas, Mercedes Nimo, fueron analizados los principales temas vinculados actualmente con el sector.
Se habló sobre los avances en el control de la importación de alimentos orgánicos, desarrollos en el control de la venta de productos declarados como “orgánicos” pero que incumplen la normativa oficial.
También se abordó el estado de situación de las negociaciones sobre orgánicos con la Unión Europea, Suiza y Estados Unidos y los progresos del Plan Estratégico para el Fomento y Control de la Producción Orgánica al 2030.
En tanto, fue debatida la situación actual y necesidades vinculadas con las semillas orgánicas, entre otros temas como la presentación de la Guía Práctica para el Desarrollo Provincial y Regional de la Producción Orgánica.
El encuentro fue calificado por Mercedes Nimo como “paso trascendente para que el Plan Estratégico forme parte de la agenda cotidiana de cada una de las empresas y que a su vez, éstas puedan plantearle a las autoridades cuestiones concretas, claras y consensuadas”.
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