Por Matilde Fierro
Buenos Aires, 6 octubre (Especial de NA) — La participación del Estado en la renta agrícola retrocedió en el trimestre julio- agosto-septiembre de a 56,9% a 56,4%, es decir que de cada $100 que genera el campo, $56,4 van a los gobiernos municipal, provincial o nacional.
Así lo consignó el último Índice FADA-septiembre 2019, que publica cada tres meses la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, estudio en que la renta es entendida como el resultado del valor de la producción menos los costos.
“La participación estatal cayó de 56,9% que dio en junio a 56,4% en septiembre y la principal razón por la que bajó es la devaluación del mes pasado donde en el corto plazo licuó los costos en pesos, particularmente fletes y labores y los impuestos fijos como el inmobiliario rural y las tasas viales municipales”, analizó en diálogo con NA, el economista jefe de FADA, David Miazzo.
Explicó que se trata de “corto plazo” porque “en cuestión de sólo en tres meses se actualizarán los precios de fletes y labores y a partir de enero comenzarán a regir los nuevos valores de los impuestos fijos”.
“La lógica para evaluar es considerar cómo subió el dólar y los ingresos de la agricultura son en dólares y algunos costos que tiene el campo expresados en pesos bajan medidos en dólares”, indicó a la Agencia Noticias Argentinas.
Expresó que “entonces en pesos sigue siendo lo mismo y en dólar menos, por eso decimos que se licuó”.
En tanto, señaló que “lo que había impulsado la participación estatal en la renta agrícola hacia arriba era que hasta el mes de junio se utilizaron los rindes de la cosecha récord, es decir rindes más altos de lo normal, o sea a mayor torta para distribuir, la participación del Estado en la proporción de esa renta agrícola tiende a variar”.
“Mientras mayor es la renta, menor es la participación relativa del Estado. Esa es la razón por la que con los mismos impuestos la participación del Estado en la renta del maíz es de 48,9% mientras que en el girasol es del 61,1% y en trigo 43,9%, porque es más rentable el maíz que el girasol”, sostuvo Miazzo.
Las diferencias entre cada cultivo radican en los impuestos, como el caso de soja que tiene 18% más de derechos de exportación que el resto.
Respecto de los precios de los cuatro principales cultivos, trigo, soja, maíz y girasol, advirtió: “Son la principal señal de alarma tanto para el productor como para la economía argentina, en la generación de divisas del agro, porque en el último año, los precios de los granos bajaron en promedio un 7% y no hay expectativas hacia adelante de un alza”.
El precio disponible del maíz pasó de 171 US$ la tonelada a US$ 132 entre junio y septiembre de 2019, una caída del 22,8%.
Miazzo precisó que “los costos en dólares tienden a mantenerse estables -fertilizantes, fitosanitarios y semillas-, mientras que los costos en pesos van a tender a copiar la evolución que han tenido en estos meses el tipo de cambio y la inflación”.
FADA identificó que un 60% de los costos de una hectárea de soja está estrictamente dolarizado mientras que el restante 40% se encuentra pesificado.
Miazzo aclaró que “ese 56,4% de participación del Estado está compuesto por impuestos nacionales, provinciales y municipales, algunos coparticipables y otros no”.
Los impuestos nacionales no coparticipables conforman el 55,7% del total de tributos que afronta una hectárea agrícola en Argentina y son, principalmente, los derechos de exportación, a los que se le suma la imposición a los créditos y débitos bancarios.
En este sentido, los tributos nacionales coparticipables entre el Estado nacional y los Estados provinciales constituyen el 38,6% de los impuestos medidos.
La mayor parte la ocupa el impuesto a las ganancias y el IVA; las provincias reciben parte de este 38,6% como coparticipación, y también recaudan diversos impuestos.
Los impuestos municipales conforman el 0,8% de los tributos en el Índice FADA promedio nacional: el componente central son las tasas viales. .
Es importante constatar que en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis y La Pampa se paga el impuesto inmobiliario rural.
En Buenos Aires, San Luis y La Pampa con una alícuota del 1% en las dos primeras y 0,5%, en la última.
Buenos Aires y Santa Fe tienen tasas municipales, mientras que La Pampa cobra las guías cerealeras.
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