Buenos Aires, 3 de noviembre (PR/21).– Desde Fundación Vida Silvestre Argentina expresamos nuestra preocupación por cómo fue el comienzo de la participación de la delegación de nuestro país en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas en inglés), más comúnmente llamada COP26, en Glasgow, Escocia. Entendemos este encuentro como el lugar central para lograr terminar con la hoja de ruta para cumplir con el Acuerdo de París incluyendo los compromisos de todos los países de reducir sus emisiones y colaborar para adaptarse a los efectos del cambio climático, así como llamamientos a los Estados para que fortalezcan sus compromisos a lo largo del tiempo.
A la fecha, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandie, han participado en reuniones de alto nivel expresando mensajes generales que dan lugar a hacer algunos análisis de cara a las negociaciones político-técnicas que se desarrollarán durante los próximos días. Además, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anunció la instalación de un importante proyecto para generar hidrógeno a partir de fuentes renovables en Río Negro. Si bien estos anuncios son de gran peso, es necesario contextualizarlos en clave con decisiones y políticas domésticas.
La posición presentada hasta ahora por la Argentina se encuentra centrada en la dimensión financiera. Por un lado, solicita fondos para el cumplimiento de las Contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC por sus siglas en inglés) y así perseguir los objetivos planteados en el Acuerdo de París y, por otro, pide que se sea tenida en cuenta como acreedora de servicios ecosistémicos (por ejemplo, calidad de aire y de suelos) los cuales deben ser considerados como forma de pago contra la deuda pública con el FMI ya que son aprovechados por todos los países del planeta, incluso a quienes el país le debe dinero.
Es importante remarcar en este sentido que los principales beneficiarios de una naturaleza conservada, de un ambiente sano y del mantenimiento de la capacidad productiva, somos los propios argentinos. Los gobiernos deben, como establece la Constitución Nacional en su artículo 41 asegurar el goce de los ciudadanos a un ambiente sano y saludable, más allá que existan estímulos económicos externos para ello. En relación a ese deber, los compromisos de Argentina en el marco de la COP26 son, como mínimo, difusos.
Si bien la meta de reducción de emisiones presentada a fines del año pasado es más ambiciosa que la de 2016, claramente todavía es insuficiente para cumplir con lo expresado en el Acuerdo de París. Tampoco se presentaron el Plan nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático (que es el que demostraría cómo cada sector contribuiría a cumplir la meta establecida, por falta de consenso interno en el gobierno), ni la Estrategia a Largo Plazo a 2050 (que debería servir para tener un plan que permita hacer operativo el compromiso que el presidente Fernández anunció en diciembre pasado de alcanzar la carbono neutralidad en 2050).
En ese sentido, debemos destacar que nuestro país cuenta con enormes oportunidades de ampliar y cumplir con sus compromisos asumidos y así alcanzar lo expresado en el Acuerdo de París, generando una meta de reducción de emisiones mucho más ambiciosa, como la urgencia que estamos viviendo amerita.
El sector energético y el de agricultura, ganadería y otros usos de la tierra son los sectores con mayor responsabilidad sobre las emisiones del país representando 51% y 39% respectivamente (datos presentados por Secretaría de Cambio Climático el pasado 29 de octubre en base a datos de 2018), por ello es crucial conocer cómo se logrará que reduzcan sus emisiones.
Respecto del sector agrícola, recientemente se dio a conocer una declaratoria conjunta entre Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca junto a las principales federaciones referentes del sector agrícola y productivo, promovida por el presidente Fernández, donde se sostiene que el sector de la agroindustria, sobre todo la ganadería y la agricultura, es seguro y sostenible ambientalmente. En tal sentido, se omite la urgencia de que el sector deba transformarse para reducir sus emisiones.
Esta declaración es verdaderamente preocupante al desconocer que las principales causas de la deforestación, conversión y degradación de ecosistemas naturales provienen de los sectores ganadero y agrícola. En esa misma línea, la Ley de Bosques Nativos tiene serias dificultades para ser implementada correctamente. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que el proyecto de presupuesto recientemente enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, estipula asignar apenas un 3% de los fondos que debieran ser asignados para la implementación de esta ley. Esto redunda, entre otras consecuencias, en que el Gran Chaco sea uno de los 11 sitios más deforestados del mundo, sumado a que en 2020 el 62% de la deforestación ocurrió en zonas prohibidas por la Ley de Bosques.
Además, el presidente Fernández mencionó hace poco tiempo su intención de modificar la ley de bosques nativos: esto resulta al menos peligroso para el futuro de nuestros bosques, abriendo a debate la mayor herramienta de protección que tienen nuestros bosques, sin evidente necesidad de hacerlo. Si Argentina es acreedora de servicios ecosistémicos provenientes de los bosques, ¿qué mensaje da al mundo el país si no se asegura su cuidado? Si bien en los discursos oficiales, el presidente no hizo explícita la adhesión de Argentina a la Declaratoria de Glasgow sobre bosques y uso de suelo (que cuenta con la adhesión de más de 100 países), al final de la jornada trascendió que sí la apoyará, lo que pareciera implicar un paso en el sentido correcto, pero que debe fortalecerse en primera medida y de forma urgente con una correcta implementación de la ley con la que ya contamos, en defensa de nuestros bosques nativos.
En relación al sector de la energía, a finales de octubre, la secretaria de Energía publicó los “Lineamientos para un Plan de Transición Energética al 2030” donde se presentan dos escenarios a 2030. El primero de ellos incluye un 20% de participación de fuentes renovables en la matriz energética de nuestro país, menor exigencia sobre la eficiencia energética y menor incorporación de vehículos eléctricos. El segundo en cambio plantea un 30% de participación de fuentes renovables en la matriz energética argentina, mayor foco en la eficiencia energética, mayor incorporación de vehículos eléctricos y participación de biocombustibles, entre otras medidas. Pero lo que es clave es entender que ninguno de ellos responde a las metas de la NDC presentadas por nuestro país. Para poder cumplir con las mismas, como mínimo las energías renovables deberían representar el 35% de la demanda de electricidad en la Argentina.
Por si esto fuera poco, recientemente se presentó un proyecto de ley para continuar promoviendo las inversiones en petróleo y gas convencional y no convencional en tierra y mar, en oposición a la necesidad de empezar a reducir su participación en la matriz energética. Por otro lado, el gobierno sigue apostando al funcionamiento de la central a carbón, cuando países como China y Gran Bretaña ya anunciaron el cierre de sus centrales y el fin del financiamiento externo. Otro punto es que, si bien se ha presentado la idea de un proyecto de ley de movilidad sostenible, éste aún no fue enviado al Congreso de la Nación. Finalmente, Argentina todavía adeuda una política integral sobre eficiencia energética que permita hacer un uso eficiente y racional de la energía en todos sus sectores, al mismo tiempo que se frenaron nuevas incorporaciones de energía renovable.
El presidente Fernández en su discurso de apertura planteó que: “La Argentina no tiene intención de que esta COP quede solo en palabras “. Por ahora las primeras participaciones de nuestro país vienen demostrando una falta de consistencia entre lo discursivo y lo ejecutivo y evidencian fuertes contradicciones y falta de definiciones políticas de alto nivel. Mientras efectivamente no se introduzca la dimensión ambiental para un cambio sincero y real en la política argentina, todo quedará en palabras, contrariamente a esta postura inicial proyectada por nuestro país.
Acerca de Vida SilvestreLa Fundación Vida Silvestre Argentina es una organización no gubernamental, de bien público y sin fines de lucro, creada en 1977. Su misión es proponer e implementar soluciones para conservar la naturaleza, promover el uso sustentable de los recursos naturales y una conducta responsable en un contexto de cambio climático. Desde 1988 está asociada y representa en la Argentina a WWF, una de las organizaciones independientes de conservación más grande del mundo, presente en 100 países. Para más información: www.vidasilvestre.org.ar
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