Buenos Aires, 4 de marzo (PR/22) .- El pasado martes 1 de marzo tuvo lugar la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, para dar comienzo al nuevo año legislativo que tendría lugar hasta el 15 de diciembre. En la ceremonia, el presidente anunció la cartera de proyectos de ley que enviará al Congreso en 2022 para ser tratada por los diputados y senadores de la nación. Entre los proyectos mencionados, los únicos de envergadura ambiental son la modificación a la Ley de Bosques Nativos y el proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Evaluación Ambiental. Al respecto de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, Marcelo A. Corti, Director de GEO, expresó que “A pesar de que se puso de moda referirse a lo sustentable, como algo con un significado vacío, podemos destacar las declaraciones en la asamblea con respecto a la electrificación de la movilidad. Y esos proyectos siguen siendo más promesas que realidades”.
Aunque la propuesta de modificación a la Ley de Bosques Nativos aún encuentra posturas contradictorias entre los críticos, el proyecto de la Ley de Presupuestos Mínimos de Evaluación Ambiental se alinea con las preocupaciones de los ambientalistas. El mismo establece estándares mínimos para prevenir o mitigar los posibles impactos ambientales negativos de los planes y actividades que se quieran desarrollar.
Sin embargo, todavía persiste una lista numerosa de proyectos de ley e iniciativas ambientales que deberían ser tratados con urgencia en 2022. Muchas de estas propuestas han visto el encajonamiento y la pérdida de estado parlamentario en sucesivas ocasiones, demostrando que más allá del activismo y la campaña política, las prioridades de políticas públicas aún no se condicen con los temas que integran la agenda ambiental. Sobre aquello, queda claro que “Argentina, indudablemente, necesita resolver en materia legislativa diversas leyes, como una Ley de Impacto Ambiental, que también fue mencionada en la apertura de las sesiones, y una Ley de Envases, preferentemente con inclusión social”, añade Corti.
Uno de los ejemplos más claros se observa en la Ley de Humedales que, a pesar de la prórroga presidencial al año legislativo, perdió por tercera vez estado parlamentario a comienzos del 2022. Este 3 de marzo, el proyecto fue presentado nuevamente a la Cámara de Diputados para iniciar su cuarto ciclo de paso por las cámaras legislativas. Resultaría particularmente desalentador que la ley fallara nuevamente en proclamarse, especialmente en el marco de los incendios en Corrientes, cuyo impacto en la conciencia colectiva da esperanzas a legisladores y activistas de una renovada consideración más urgente sobre el proyecto.
Ligada a la problemática de los incendios, otra de las iniciativas ambientales que requiere de atención parlamentaria es la inclusión de los delitos ambientales en el Código Penal. La mayoría de las problemáticas ambientales, especialmente los incendios, son ocasionados por conductas humanas irresponsables. Actualmente, el Código Penal de Argentina sólo sanciona a los perpetradores si sus acciones afectan la vida o la propiedad de las personas, pero no cuando como consecuencia se pierden ecosistemas enteros. Estos crímenes deben ser juzgados como tales.
Actualmente, dos anteproyectos se encuentran en debate en el Congreso, que incorporarían la categoría de “Delitos contra el Ambiente y la Naturaleza”. Y la lista de proyectos aún en disputa continúa: desde la Ley de Envases, a la Ley de Cinturones Verdes, hasta la ley de ordenamiento ambiental del territorio. Es primordial mantener la agenda viva, y no permitir que los intereses corporativos y políticos apaguen la llama de la urgencia para combatir la emergencia ambiental a la que nos enfrentamos y así proteger nuestro patrimonio y ecosistema. Como conclusión, el Director de GEO expresa que “una ley no termina por resolver los problemas, lo que se necesita son políticas públicas amparadas en leyes. No hay que celebrar leyes, cuando no vienen con políticas públicas. La ley es el principio, no el fin”.
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