Buenos Aires, 27 agosto (PR/22) — “Los periódicos siempre exageran”, dice Travis Bickle, interpretado por Robert De Niro, sentado al volante de su Checker amarillo en el epílogo de el icónico filme de 1976 Taxi Driver, dirigida por otro estadounidense de renombre en la industria de Hollywood, Martin Scorsese.

El joven taxista, en diálogo con Betsy (Cybill Shepherd), de quien está profundamente enamorado, busca de esa manera restarle importancia a las heridas que sufrió al tirotearse con un grupo de mafiosos -y a la fama que adquirió por ese incidente- en un tugurio de Nueva York con el objetivo de liberar a la jovencita Iris Steensma (Jodie Foster) de la coerción de un proxeneta del barrio.

Mientras contempla la belleza de Betsy observándola por el espejo retrovisor, Travis, que se había salvado raspando de que le agujerearan el cuello de un balazo, asegura que los medios inflaron su historia, nada que no ocurra por cierto en la vida real -que no haya ocurrido antes ni que siga sucediendo ahora-, con la intención de mantener expectante a la opinión pública frente a un acontecimiento periodísticamente relevante.

Es justamente en esos casos en los que el rol de la prensa se pone bajo escrutinio, en especial por la manera de abordar esa noticia, su tratamiento e impacto en la sociedad, y también por los eventuales intereses o resortes del poder que puedan sentirse sensibilizados y/o afectados, llegado el caso, con motivo de la divulgación de una determinada información.

Lejos de aquella lúgubre versión de Nueva York de la década de 1970 que Scorsese procuró reflejar por intermedio de Taxi Driver, y de tantísimas otras menciones al desempeño del periodismo en películas nacionales e internacionales a lo largo de la historia, en la Argentina se registra por estos días -una vez más- uno de esos tensos momentos que caracterizan a la siempre compleja relación entre los medios de comunicación y los gobiernos.

El disparador de una renovada embestida del oficialismo en general y del kirchnerismo en particular contra sectores de la prensa doméstica fue el reciente pedido de 12 años de prisión contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa en la que se encuentra sentada en el banquillo de los acusados por presuntos actos de corrupción mediante la concesión de obras públicas en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

En este sentido, en las últimas horas Cristina, que se mostró sumamente activa en redes sociales tras conocerse la decisión de los fiscales Diego Luciano y Sergio Mola, recibió en el Senado de la Nación al ex secretario general del partido de izquierda Podemos de España y ex funcionario del Gobierno de ese país europeo Pablo Iglesias, que le obsequió a la líder del Frente de Todos (FdT) su libro “Medios y cloacas”.

Las reuniones de Néstor Kirchner con Magnetto

“Parece que la cosa viene global”, comentó la ex mandataria en Twitter, al publicar una foto del encuentro con Iglesias, un acérrimo crítico del poder mediático y su elefantina influencia en ocasiones en las sociedades democráticas modernas, por lo que demanda a viva voz un necesario -según su opinión- mecanismo de control. De todos modos, aquí en el país fue la propia Cristina la que habló públicamente días atrás sobre los aceitados vínculos entre el director ejecutivo del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, y su difunto esposo.

Malhumorada porque el tribunal que la juzga en la llamada Causa Vialidad le negó la posibilidad de ampliar su declaración indagatoria, la “jefa” del oficialismo ensayó un descargo vía la plataforma YouTube en el que reveló que Néstor Kirchner recibía con frecuencia a Magnetto en la Quinta Presidencial de Olivos antes de autorizar, justo sobre el final de su mandato, la polémica fusión entre las empresas de telecomunicaciones Cablevisión -del Grupo Clarín- y Multicanal.

Según la actual número dos del Poder Ejecutivo nacional, se trató aquel de un “negocio (…) mucho más importante que cualquier obra pública” y remató su llamativo comentario diciendo: “No sé si algún fiscal tomará nota para investigar si hubo algún acuerdo entre Néstor y Magnetto para firmar la fusión de Cablevisión”.

De todas maneras, en la actualidad a Cristina no se la está juzgando y “persiguiendo” por su presunta “valentía” para enfrentar a los sectores concentrados de la economía o al poder mediático, como esgrime la militancia kirchnerista -que dicho sea de paso, insiste más con el argumento de la supuesta “falta de pruebas” que con la inocencia de la ex jefa de Estado, al menos hasta que la Justicia logre demostrar lo contrario-: se la está acusando lisa y llanamente de actos de corrupción.

Los fiscales Luciani y Mola la ubican en la investigación que llevaron adelante en el rol de líder de una “asociación ilícita institucional” responsable de la defraudación de más de 5.000 millones de pesos de fondos públicos, en una causa en la que también está involucrado el empresario cercano a la familia Kirchner Lázaro Báez y que roza a los hijos de Cristina, el diputado Máximo Kirchner y la cineasta Florencia Kirchner: la misma a la que le encontraron a mediados de 2016 en cajas de seguridad casi 5 millones de dólares, supuestamente procedentes de la sucesión de su padre. Sobre todo esto es que reporta -y ha reportado- la prensa.

Así las cosas, la ex mandataria cambió aquel, “Si me pasa algo, miren al norte”, cuando en octubre de 2014 en el marco de un discurso en la Casa Rosada planteó que “sectores concentrados de la economía” querían “voltear al Gobierno”, a esta suerte de, “Si me acusan de corrupción, miren a Néstor”, mientras se esfuerza por teñir con un manto de sospecha la honorabilidad del tribunal que la juzga, recurriendo incluso a medios de comunicación afines al oficialismo para llevar adelante una campaña de desacreditación.

Su objetivo, mediante la publicación de cualquier dato, fotografía o archivo judicial hurgado por sus colaboraciones y que pueda ayudar a potenciar la cruzada de desprestigio lanzada en las últimas semanas, es blandir banderas de supuesta “persecución política” y animosidad del tribunal intentando vincular a jueces y fiscales con el Gobierno anterior, especialmente, con la figura del ex presidente Mauricio Macri.

Por estos días, la arista mediática a la que se hizo referencia anteriormente en este texto, en medio de una coyuntura efervescente desde el punto de político en el Gobierno debido a esta aparente complicación en la agenda procesal de Cristina, se sumó a una renovada embestida del oficialismo contra la Justicia, motorizada por el mismo motivo.

Asimismo, si bien en los sectores más tradicionales del Partido Justicialista (PJ) se plantean algunos reparos con relación a los asuntos “comerciales” del matrimonio Kirchner durante el ejercicio del poder, según pudo averiguar NA de fuentes confiables, en principio el penorismo en general se encolumnó por detrás de la figura de Cristina y ensayó una arremetida conjunta contra el Poder Judicial, a modo de virtual contraataque, al considerar que se intenta proscribir a la ex presidenta.

Preocupación en el Gobierno

Ocurre que, además de los 12 años de prisión, Luciani y Mola solicitaron una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en un juicio cuyo fallo -de primera instancia- se conocerá de todos modos dentro de meses. Ahora, será el momento para que las defensas de los acusados esgriman sus argumentos buscando refutar la petición de los fiscales.

Estas recientes desventuras de Cristina ante la Justicia, de cualquiera manera, movilizaron al peronismo en los últimos días e incluso el presidente Alberto Fernández, otrora crítico de la ex jefa de Estado, antes de ser elegido a dedo como candidato a presidente por el FdT en 2019, salió decididamente a arropar a la líder de la coalición gobernante, al igual que otros referentes del oficialismo.

“Si la llegan a condenar… y sí, va a ser un problema para nosotros, porque vamos a tener en funciones a una vicepresidenta condenada. No es algo menor”, admitió una altísima fuente del Gobierno consultada por NA. Evidentemente existe preocupación puertas adentro en Balcarce 50. Incluso esta probabilidad reflotó algunas tensiones en el seno del FdT, en donde dirigentes del ala dura cuestionan al albertismo por no haber avanzado con más énfasis en una reforma judicial para evitar, precisamente, situaciones como las actuales.

En este contexto, la agenda judicial de Cristina ha marcado el pulso del devenir político argentino en los últimos días y ha significado para la Casa Rosada una fenomenal cortina de humo, por cierto, para correr el foco de atención de los verdaderos problemas que agobian a la enorme mayoría de la sociedad argentina -básicamente de índole económico, además de la inseguridad, y no tanto los tropiezos legales de la ex mandataria-, antes del comienzo de un mes clave para la administración Fernández, como lo será septiembre.

El séptimo peldaño de un 2022 empinado con el que aún debe lidiar el Gobierno anticipa un dato de inflación de agosto que se prevé malo nuevamente, como el de julio pasado -se anunciará el miércoles 14 del mes que viene- y una revisión crucial de las metas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por parte de ese organismo, además de sendos viajes a Estados Unidos de Fernández y del ministro de Economía, Sergio Massa, aunque por distintos motivos.

Fernández participará en la Asamblea Anual de las Naciones Unidas (ONU), donde buscará mostrarse como una “voz potente de la región”, según la Casa Rosada, y también tiene en carpeta una reunión bilateral con su par estadounidense, Joe Biden, en Washington. En tanto, Massa encabezará una misión que irá a EE.UU. procurando atraer inversiones al país y planea, además, reunirse por primera vez en forma presencial con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

Sobre todo esto y mucho más, por cierto, se explayarán en los próximos días los medios de comunicación en la Argentina, incluso a pesar de que cada tanto la clase dirigente se sienta ofuscada cuando la prensa patea alguna “cloaca” -parafraseando a Iglesias- y producto de una filtración, o simplemente de un descuido ocasional, gotas de agua servidas brotan a la superficie.