El plenario de las comisiones de Recursos Naturales, Agricultura y Ganadería, y Presupuesto y Hacienda se dará cita el jueves a las 11 hs en la sala principal del anexo C de la Cámara baja, luego de un mes de impasse por el lobby del agronegocio, la minería y gobernadores de provincias donde esos intereses económicos juegan fuerte.
Así lo confirmaron a NA fuentes cercanas al presidente de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, Leonardo Grosso, que no quiere saber nada con que se siga postergando la resolución del tema, y apuesta a que la iniciativa sea ley antes de fin de año.
“La idea es firmar este jueves mismo. Y que cada uno se haga cargo de su voto”, señalaron, a sabiendas de que desde la oposición volverán a cargar las tintas sobre un supuesto tratamiento exprés del proyecto.
El debate había quedado clausurado transitoriamente el 28 de septiembre pasado a raíz de un acuerdo de cúpulas entre el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, con los líderes parlamentarios de Juntos por el Cambio, luego de que los gobernadores (especialmente los del Norte Grande) ejercieran presión para frenar el avance de la iniciativa.
Una semana antes, Grosso había convocado al plenario con la decisión de firmar dictamen, pero cedió ante el reclamo de Juntos por el Cambio que pidió más tiempo para estudiar los pormenores del proyecto. Se resolvió ir a un cuarto intermedio y el martes siguiente el presidente de la comisión de Agricultura y Ganadería, Ricardo Buryaile (UCR), reticente al avance de una norma que condicione la explotación económica en humedales, citó a una reunión informativa para darle tribuna a representantes de la agroindustria y la minería, que plantearon reparos a la iniciativa oficialista.
Por caso, advirtieron que una iniciativa de esas características encarecería el costo de los proyectos y afectaría el desarrollo económico de las provincias, a la vez que implicaría un avance sobre la propiedad privada. Allí también se señaló que son las provincias las que tienen el dominio originario de los recursos naturales, lo cual les daría derecho a darse sus propias regulaciones sin intromisión del Gobierno central.
La jugada del radical formoseño fue exitosa, porque traccionó el lobby de gobernadores, que a la postre lograron frenar el tratamiento con la anuencia de Germán Martínez, postura criticada internamente por muchos de sus pares oficialistas.
Después de más de un mes con el debate sumido en el letargo, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, reclamó el urgente tratamiento de la ley de Humedales. “Es de suma importancia tener esta ley y sería propicio que el proyecto ingrese pronto en el recinto”, presionó.
Con este aval del Poder Ejecutivo, Grosso movió fichas y curso invitaciones a los gobiernos provinciales para que el jueves que viene blanqueen sus posturas en el plenario de comisiones. Al cabo de las exposiciones, está previsto que se firmen los dictámenes, aunque habrán peticiones para dictar un nuevo cuarto intermedio, con el objetivo de seguir dilatando los tiempos.
“Invitamos nuevamente a los gobernadores con la amplitud de que puedan enviar a un ministro o secretario que pueda exponer la política de la provincia”, detallaron las fuentes consultadas a Noticias Argentinas.
El proyecto de ley de Presupuestos Mínimos para la Conservación, uso racional y sostenible de los humedales establece el ordenamiento territorial y un inventario de ecosistemas húmedos de todo el país. Regula la actividad de emprendimientos productivos en humedales y exige garantías de preservación con evaluaciones de impacto ambiental.
Los humedales albergan el 40% de la biodiversidad total, y de acuerdo a evidencia científica están desapareciendo tres veces más rápido que los bosques.
Desde 1970 a la actualidad se ha perdido el 35% de los humedales del mundo.
Según el INTA, en los últimos tres años de incendios intencionales en el Delta, se generaron pérdidas económicas por los impactos ambientales calculadas en 40 mil millones de pesos.
El debate para la sanción de una ley de protección de Humedales lleva una década. El primer proyecto se presentó en 2013, en tanto que en 2015 y 2018 dos proyectos de Humedales consiguieron media sanción del Senado, pero luego quedaron cajoneados en Diputados.
En 2020 el debate volvió a cobrar impulso y hubo dictamen de la comisión de Recursos Naturales pero no de las otras tres comisiones a las que tenía giro. El proyecto perdió estado parlamentario y generó nuevamente desilusión en las organizaciones ambientalistas que venían militando el tema.
Los incendios intencionales en el Delta del Paraná y el impacto en la ciudad de Rosario reavivaron el debate y en marzo de este año se presentó un proyecto similar consensuado con más de 500 organizaciones de la sociedad civil, científica y académica.
En simultáneo, Cabandié presentó otro proyecto más moderado junto a las autoridades de Consejo Federal de Ambiente, pero no prosperó y fue abandonado por el propio ministro, que pasó a apoyar el proyecto encabezado por Grosso.
El titular de la comisión de Recursos Naturales machacó durante meses para que la iniciativa fuera asumida también por la comisión de Agricultura de Buryaile, sin lograr su cometido. Una jugada maestra que coordinó con el diputado socialista Enrique Estévez consiguió sacar el debate de la parálisis. El 15 de septiembre el santafesino planteó en plena sesión de la Cámara baja una moción para el emplazamiento de las tres comisiones a fin de reflotar el tratamiento, no sin antes acusar a Buryaile de ejecutar maniobras dilatorias.
Escrito por Sebastián Hadida NA – Buenos Aires, Argentina
