Por José Pizarro
Buenos Aires, 27 de junio (PR/24).- La normativa actual guarda silencio sobre puntos vitales que complican la situación en mercados más desarrollados, como por ejemplo, qué hacer con los cannabinoides sintetizados a partir del cáñamo. Una laguna legal en Estados Unidos permitió que, en aquellos estados que habían legalizado el cáñamo por la reforma agraria de 2018 pero que no habían avanzado en materia de cannabis medicinal o de uso adulto, los productores comenzaron rápidamente a transformar el CBD derivado del cáñamo en Delta 8 – THC. Esta molécula, con efectos psicotrópicos, se puede obtener combinando cannabinoides extraídos del cáñamo (fuera del ámbito penal) con solventes, generando un producto euforizante no abordado por la normativa.
Este tema, polémico en Estados Unidos, ha sido parcialmente resuelto en algunos estados prohibiendo los cannabinoides sintéticos pero no descongestionando los tribunales. Los productos manufacturados artesanalmente, sin condiciones sanitarias y protocolos adecuados, representan además un serio riesgo para la salud pública, la seguridad alimentaria, y eventualmente, la seguridad general al contribuir a la creación de mercados clandestinos y o desrregulados.
Además, la normativa actual es deficiente en la prevención del narcotráfico y lavado de activos, debido a la falta de fiscalización y de datos sobre los usuarios medicinales y recreacionales, las cantidades de producción de la materia vegetal y la trazabilidad desde su origen hasta su destino final. Permite la circulación libre de cannabis “medicinal” por parte de entidades autorizadas a cultivarlo: ONGs, cultivadores solidarios, investigadores, cooperativas, empresas y entidades públicas y privadas. Sin embargo, el vacío legal y la falta de control crean un caldo de cultivo peligroso que solo retrasa la necesaria discusión sobre la regulación del cannabis en todos sus ámbitos, para convertirlo en un asunto rentable – en términos sociales y económicos – y no deficitario como lo es actualmente.
En Argentina, el vacío sobre los cannabinoides sintéticos es similar al norteamericano. El cáñamo es legal a nivel federal desde la Ley 27.669 y ha quedado fuera del alcance de la Ley 23.737 de estupefacientes. Aunque no debe contener más del 1% de THC Delta 9 para ser considerado cáñamo, puede procesarse para crear productos psicotrópicos con efectos similares a los de la marihuana. Estas sustancias, comercializadas en diversas presentaciones como flores secas con aditivos, chocolates, gomitas masticables y vapes, han proliferado en muchos estados gracias a las lagunas normativas de la reforma agraria de 2018, representando un riesgo potencial para la salud y la seguridad pública debido a la falta de control en su fabricación y etiquetado, la falta de información y principalmente la falta de estudios clínicos de seguridad. Estos productos pueden contener restos de solventes y químicos peligrosos para el consumo.
La salud pública se ve comprometida por la producción artesanal y sin control de calidad del cannabis medicinal, y la posibilidad de transformar cáñamo en cannabinoides sintéticos con efectos psicotrópicos fuera de un marco legal claro. La comercialización del cannabis psicoactivo en Argentina está restringida a unos pocos actores autorizados para producir ingredientes farmacéuticos activos o formulaciones magistrales bajo receta en farmacias habilitadas, y en proyectos de investigación o exportación.
Entre los autorizados a cultivar cannabis y cáñamo están también los cultivadores solidarios y clubes cannábicos u ONGs sin fines de lucro, que no pueden comercializar, solo recibir ingresos como cualquier asociación civil para cumplir sus objetivos declarados ante las autoridades, a través de cuotas sociales, actividades culturales, capacitación, asesoramientos y donaciones.
Los datos son cruciales para evaluar la situación normativa y corregir el rumbo para el crecimiento del sector cannábico argentino. Estos deben incluir la cantidad de recetas de cannabis recibidas en farmacias, la producción legal de flores secas expresadas en kilogramos de cada uno de los autorizados, y los mismos datos sobre la actividad de los autocultivadores y asociaciones solidarias, resguardando siempre los datos personales protegidos por la ley. Estos datos son vitales para entender la dimensión y el impacto en la salud y seguridad pública, y prever futuros conflictos legales por la falta de regulación y transparencia. Además, es fundamental la actuación, adecuación y actualización del sistema de justicia argentino a los nuevos estándares, evidencias y resultados en otros países con respecto a la planta del cannabis y su reglamentación.
Es necesario y oportuno, bajo la coyuntura de los esfuerzos para modificar el Código Penal y la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal y del sistema acusatorio, combatir el mercado negro y fiscalizar una industria en crecimiento de una manera más eficiente en términos de recursos y justicia. Los Ministerios Públicos y aquellos encargados de delinear e implementar la política criminal, así como todos los cuerpos y organismos que integran el sistema integral de seguridad pública, tienen mucho que aportar y de qué nutrirse en esta discusión sobre el enfoque moderno del cannabis que moviliza gran parte de la agenda internacional, y consume gran parte de sus recursos.
Por ejemplo, en Estados Unidos, recientemente se anunció que el consumo diario de cannabis había superado al del alcohol, no por el crecimiento del cannabis (que lo hay), sino por la disminución del consumo de alcohol, también REAL. El menor consumo de alcohol tiene incidencia directa, por ejemplo, en los siniestros viales y en el costo en salud y en vidas. El menor consumo de alcohol también tiene un impacto positivo en la vida familiar y social, reduciéndose la violencia intrafamiliar y de género, y muchos otros aspectos negativos del consumo excesivo de alcohol y de tabaco. Por consiguiente, el cannabis debe ser tratado de manera similar al tabaco y al alcohol, pues, no solo se ha demostrado que la política prohibicionista no ha sido exitosa, sino que también se ha demostrado que la mejor manera de reducir el consumo y los riesgos y efectos nocivos asociados al tabaco y al alcohol ha sido la estrategia de la educación y la concientización. De igual manera debe ser tratado el cannabis.
Como bien dice el reconocido Profesor de Medicina de la Universidad de Harvard y médico especialista en la materia, Peter Grinspoon M.D., en una publicación reciente: “Desde que se criminalizó el cannabis en 1937, los estadounidenses que respetan la ley sólo han tenido una opción de estupefaciente que les ayude a relajarse y recuperarse al final de un difícil día de trabajo. En un mundo perfecto, todos podríamos practicar yoga, meditar, hacer ejercicio, tener un terapeuta, escuchar música clásica y comer tofu; seríamos tan buenos para tranquilizarnos que no necesitaríamos alcohol ni ninguna otra droga. En realidad, muchas personas descubren que necesitan algo para ‘descansar’ al final de un día desafiante. Ahora que más de la mitad de los estadounidenses viven en un estado donde el consumo recreativo de cannabis para adultos es legal, y con el estigma en torno al cannabis disminuyendo, no es de extrañar que algunas personas estén pasando del alcohol al cannabis.”
El fracaso del prohibicionismo del cannabis como política pública es evidente. En 1970, la Ley de Sustancias Controladas en Estados Unidos incluyó al cannabis en el listado más severo solo el 4% de los estadounidenses fumaban cannabis regularmente; hoy, tras 50 años de prohibición y criminalización, ese número ha crecido al 17%, superando recientemente incluso el consumo diario de alcohol. La información ha cambiado, la sociedad ha cambiado, la medicina ha cambiado. Hoy, 8 de cada 10 norteamericanos están a favor de legalizar el consumo recreativo o adulto del cannabis.
En ocasión de la Eurocopa 2024, que está transcurriendo en Alemania, la policía local solicitó a los visitantes que se inclinen por consumir cannabis, ahora legal, en lugar de alcohol, pues se sabe que este último genera más agresividad y exaltación y, por ende, problemas cuando se juntan masas de fanáticos.
El consumo de cannabis ha aumentado consistentemente, independientemente de si es legal o no, si está regulado o no. Es un tema que está en todas partes: en los celulares, en las redes sociales de nuestros hijos, en sus canciones favoritas, series y películas. Las autoridades no pueden seguir dándole la espalda al tema. Debemos aclarar los tantos. Si eventualmente se avanza en una legalización, claramente será para mayores de edad, como hemos regulado el alcohol y el tabaco. Pero si continúa la prohibición, debemos encarar igualmente una campaña de educación y prevención, ya que hoy los jóvenes ven que el mundo se relaja con el tema y aquí los oprimen, generando una contradicción. ¿A quiénes les van a creer, a nuestros políticos y dirigentes o a lo que ven en las redes o les dicen sus ídolos? Lejos de haber solucionado los reclamos sociales en salud, los estamos empeorando.
Sobre José Pizarro: Soy Abogado consultor de la Secretaría General de Política
Criminal del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, especialista en mercados regulados, emprendedor del sector del cáñamo en Argentina y en Estados Unidos y abogo por un sector transperante que brinde oportunidades de desarrollo y minimice los riesgos del consumo del cannabis.
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