Buenos Aires, lunes 23 diciembre (PR/24) — Varias organizaciones provida de América Latina saludaron la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de rechazar el aborto como un derecho humano, en la sentencia publicada el viernes sobre el caso Beatriz vs. El Salvador.
Sebastián Schuff, presidente de Global Center for Human Rights, calificó esta sentencia como una “gran victoria”, ya que la Corte IDH “no accedió a la pretensión de las organizaciones abortistas, de las partes peticionarias y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de declarar el aborto como un derecho”.
“La Corte claramente no accedió a esa pretensión y estipuló que no va a hablar sobre el tema en el reciente fallo del caso Beatriz vs. El Salvador, y además tampoco accedió a la pretensión de declarar que la negación del acceso al aborto constituye tortura en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, sostuvo.
Schuff considera que esta sentencia marca un punto de inflexión en la jurisprudencia de la Corte, “que vuelve a respetar la soberanía de los países y la letra y el espíritu de la Convención Americana que dio origen al Sistema Interamericano”.
Por su parte, Ligia Castaldi, perito ante la Corte IDH en el Caso Beatriz y profesora de derecho internacional en Ave Maria School of Law, ha señalado, en declaraciones enviadas a ACI Prensa, que más que una victoria provida, este fallo es una derrota de las ONG proaborto.
Castaldi aseveró que “le presentaron a la Corte un mal caso, mintiendo respecto a la relación de los hechos con el aborto y la Corte se los rechazó”. “Querían hacer de este caso el litigio estratégico que iba a legalizar el aborto el Latinoamérica y perdieron”, agregó.
La experta también señaló que el fallo no debería considerarse “una sentencia provida”, ya que “su mayor omisión es que no reconoce ni un sólo derecho a la niña Leilani Beatriz, nacida viva, ni valora su vida de ninguna manera”.
Sobre el fallo de la Corte en el caso Beatriz vs. El Salvador
La Corte IDH aclaró en su fallo que el fallecimiento de Beatriz en 2017, una mujer en situación vulnerable que sufría lupus, no guardó relación con la decisión de El Salvador de negarle un aborto ni con la prohibición de esta práctica en el país.
En 2013, Beatriz se encontraba embarazada de su segunda hija, quien fue diagnosticada con anencefalia. Se trataba de un embarazo de riesgo, pero que no ponía en peligro la vida de la madre, siempre y cuando se aplicaran los cuidados adecuados.
Sin embargo, grupos abortistas salvadoreños convencieron a Beatriz de que iba a morir si no se realizaba un aborto, y que su pequeña no estaba realmente viva. Ante el miedo a dejar huérfano a su primer hijo, ella solicitó al Estado la práctica abortiva.
Luego de una evaluación médica que determinó que el embarazo no ponía en riesgo la vida de la madre, el Estado rechazó el pedido, y el 3 de junio de 2013 Beatriz dio a luz a su hija, una bebe anencefálica.
La pequeña, llamada Leilani, falleció a las cinco horas a causa de su enfermedad. Contrariamente a lo que los grupos abortistas sostenían, Leilani respiró, lloró, recibió el amor de su madre y su partida de nacimiento.
Beatriz se recuperó favorablemente de la cesárea, y meses después, presionada por grupos proaborto, presentó su caso ante la Corte IDH. La petición era legalizar el aborto para que ninguna otra mujer sufra lo que ella vivió.
En 2017, Beatriz falleció a causa de un accidente de tránsito, y no hay pruebas de que su muerte este ligada con un aborto.
Si bien el viernes 20 de diciembre de 2024, la Corte rechazó declarar el aborto como un derecho, calificar su prohibición como “tortura” o imponer reformas legislativas, condenó al país en algunos puntos secundarios, como la recomendación de actualizar protocolos de embarazos de alto riesgo.
De acuerdo a Global Center for Human Rights, no hay ninguna consecuencia a nivel regional.
En la sentencia, se puede leer que se “encontró al Estado de El Salvador internacionalmente responsable por el incumplimiento con su deber de debida diligencia en la garantía de los derechos al acceso a recursos judiciales efectivos, a la integridad personal, a la salud y la vida privada de una mujer que transitó un embarazo con riesgos múltiples en una situación de violencia obstétrica generada por la inseguridad jurídica sobre la legalidad de la actuación del personal médico involucrado en su caso”.
Asimismo, la Corte determinó la responsabilidad del Estado salvadoreño y dictaminó varias medidas de reparación: “dispuso el deber de adoptar directrices y guías de actuación al personal médico y judicial frente a embarazos de riesgo para la vida o la salud de la madre”. “El Estado puede cumplir con esta medida a través de la adecuación de los protocolos existentes, la emisión de un nuevo protocolo o cualquier otra medida normativa que garantice seguridad jurídica en la atención de situaciones como las del presente caso”.
En El Salvador, el aborto está completamente prohibido en todas las circunstancias, incluso en casos terapéuticos o cuando la vida de la madre está en riesgo, con sanciones que van de dos a ocho años de prisión.
Organizaciones como 40 Días por la Vida de El Salvador, agradecieron “a todos los que se unieron en la defensa del caso Beatriz vs. El Salvador, “desde las diferentes instancias legales y también a los que se sumaron a la oración y el ayuno”.
La organización provida reiteró su compromiso con la defensa de las dos vidas: “Continuamos con nuestra solicitud de oración para que el aborto llegue a ser impensable y que impere la esperanza de salvar las dos vidas, respetando la vida desde su concepción hasta la muerte natural”.
“Leylani, hija de Beatriz, recibió el bautismo y el amor de su madre al nacer. Su corta misión en este mundo nos inspira a luchar por las dos vidas”, agrega.
Finalmente, hizo un llamado a la sociedad salvadoreña “a despertar ante este gran peligro que continúa asechando a nuestra nación”. “Desde nuestras comunidades, instituciones y movimientos, debemos salvaguardar y ser custodios de toda vida humana”.
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Fuente: ACI Prensa
