Buenos Aires, 11 marzo (Especial de NA, por Matilde Fierro) –
– Una década transcurrió desde que el gobierno de Cristina
Kirchner anunció a los productores que ponía en marcha la
Resolución 125 de retenciones con alícuotas móviles para los
granos.
Fue el domingo 11 de marzo de 2008 y se suceden las
celebraciones por el final del período, que para los ruralistas
estuvo signado "por el autoritarismo más fuerte de toda la
historia argentina hacia el agro".
Así lo manifestaron los principales referentes de ese período
a NA al hablar los ex presidentes de la Sociedad Rural Argentina
(SRA), Luciano Miguens; de Federación Agraria Argentina (FAA),
Eduardo Buzzi y Carlos Garetto de Coninagro. También hizo
declaraciones el actual senador nacional por Entre Ríos y en esa
época titular de la FAA de su provincia, Alfredo De Angeli.
Todos fueron protagonistas, con Mario Llambías (que era
titular de Confederaciones Rurales Argentinas), de esa gesta que
duró 129 días y cimentó la grieta entre los argentinos con unos
a favor del kirchnerismo y otros con el apoyo al modelo
agroexportador.
Paros, piquetes constantes en 200 enclaves de las rutas de la
Argentina, movilizaciones multitudinarias, misas en las
concentraciones de productores, jalonaron la lucha por la
reinvindicación agropecuaria y pusieron al borde
desabastecimiento a las ciudades.
La resistencia a aceptar esa norma, que ideó el entonces
ministro de Economía, Martín Lousteau (hoy legislador), y el
reclamo de que se convirtiera en Ley, finalizó el 17 julio de
2008.
Luego de debatir los senadores en el Congreso durante 18
horas, en la madrugada llegó el desenlace cuando el
vicepresidente Julio Cobos desempató la votación al rechazar el
proyecto oficial: "Mi voto es no positivo", afirmó.
El 18 julio, el Gobierno nacional derogó la Resolución 125,
luego de la derrota en la Cámara Alta.
Pero luego comenzaría un plan asfixiante sin diálogo para los
dirigentes del agro, por parte del oficialismo, con cierre de
exportaciones agropecuarias y trabas para las ventas externas
que lograría que se evaporaran 10 millones de cabezas de ganado
vacuno de los predios rurales argentinos.
Hoy se respiran aires de libertad, mesas de diálogo permiten
debatir a los dirigentes de los diversos sectores con las
autoridades en provincias y Nación.
Sin embargo, el campo que ya es reconocido por gran parte de
la ciudadanía como motor económico del país, no atraviesa una
buena situación que, sobre todo, afecta a los pequeños y
medianos productores.
Por este motivo en una reunión de delegados de Federación
Agraria del Distrito 6 en Casilda (Santa Fe) recientemente
surgió el pedido de una "movilización" para dirigir las
protestas hacia los ámbitos de decisión.
El presidente de FAA, Omar Príncipe, realizó un informe de
situación destacando las ininterrumpidas gestiones realizadas
ante el gobierno nacional para que lleguen las respuestas a los
problemas de los pequeños y medianos productores, las
estructurales y las de coyuntura.
Ante esto, coincidieron los delegados en que, por el
contrario, medidas inconsultas como la reforma tributaria y la
apertura de importaciones los agravan, quitándoles
competitividad a los pequeños productores.
No obstante esto, Príncipe no deja de pertenecer a la Mesa de
Enlace de entidades agropecuarias que nació el 11 de marzo de
2008 al calor de la Resolución 125 cuando se unieron FAA, CRA,
SRA y Coninagro hasta el presente.
Mientras que en estos momentos una feroz sequía, considerada
por la Sociedad Rural de Rosario como la peor en 75 años, afecta
a la región centro y núcleo del país y está comenzando a llegar
a otros territorios que habían sido beneficiados por las
lluvias.
Por este motivo, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires se vio
obligada a reducir de nuevo sus estimaciones de producción de la
soja 2017-2018 y las bajó a 42 millones de toneladas.
Son dos millones menos y una caída interanual de 15,5
millones de toneladas, ya que la trilla 2016-2017 arrojó 57,5
millones de toneladas de soja.
La entidad también disminuyó las proyecciones de maíz en tres
millones de toneladas: de 37 millones redujo a 34 millones en la
previsión de la actual campaña, es decir cinco millones de
toneladas menos que las recolectadas en el ciclo previo, siempre
para grano comercial.
Sin embargo, según destacó el sitio Valor Soja, la mayor
parte de los gobernadores de la zona pampeana excluyeron
deliberadamente el problema de la sequía de sus agendas para
evitar una pronta declaración de la emergencia agropecuaria, que
en Uruguay ya está vigente desde la semana pasada.
Las autoridades de la provincia de Buenos Aires, la
jurisdicción más afectada por las restricciones hídricas
registradas en la zona pampeana argentina, aún no solicitaron la
emergencia agropecuaria por sequía.
Recién en algún momento del presente mes de marzo se reunirán
los integrantes de la Comisión de Emergencia y Desastre
Agropecuario para evaluar el tema. Mientras tanto los problemas
se agudizan.
PRIMIICIAS RURALES
NA
