Buenos Aires, 22 abril (Especial de NA, por Matilde Fierro) — El ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere anunció la semana pasada que estiman la producción de soja 2017-2018 en escasas 37,6 millones de toneladas; poco después otra información suscitaba conmoción en su personal.
Ocurrió minutos más tarde, los empleados fueron sorprendidos por una comunicación institucional donde se les anunciaba que habría asueto hasta el lunes por "cuestiones operativas", pero en realidad también les confirmaron que habría 330 despidos.
La novedad de que el Ministerio sistematizaría la publicación de las estimaciones agrícolas que estarán listas los terceros jueves de cada mes a las tres de la tarde fue opacada por el impacto que causó que serían enviados los telegramas de despido, el 50 % a la sede central y el resto en las delegaciones del interior.
A partir de ese momento comenzaron los llamados telefónicos de uno a otro lugar, mientras que en algunos casos cundía el pánico.
El recorte estaba en marcha y el martes, el mismo Ministerio lo había dejado entrever con un comunicado en el que dijo que iniciaba un programa de "uso eficiente de sus recursos".
Para el Ministerio comenzó "una etapa de reorganización de sus recursos que se reflejará en una reducción de costos y mayor eficiencia en la administración prevista en 219 millones de pesos en concepto de ahorros", se expresó.
Sin embargo en los organismos descentralizados más conocidos como son el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) había más calma porque los funcionarios a cargo habían prometido que por el momento no habría bajas.
Los otros organismos descentralizados son el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero (INIDEP) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
El Ministerio de Agroindustria estimó que reducirá $49 millones durante el 2018, distribuidos en una revisión de gastos de estructura edilicia en delegaciones del interior, viajes, viáticos, disminución de la flota vehicular, revisión de contratación de servicios, como así también reducción de alquileres, telefonía, servicios de mensajería y correo.
"Cuando hablamos de austeridad nos referimos a administrar de una manera responsable y transparente el dinero de cada contribuyente, de las familias y productores, es decir, el dinero de todos los argentinos. Para eso la mejor manera es mostrar dónde y para qué son utilizados los recursos y la eficacia de los mismos", señaló el ministro Etchevehere en ese mensaje institucional.
Uno de los datos que circuló con fuerza el viernes de asueto fue que en 2008, en pleno gobierno de Cristina Kirchner y conflicto con el campo, la cartera en ese momento era una Secretaría que dependía de Economía donde había 800 empleados mientras que luego la gestión Cambiemos recibió una planta de 3700 trabajadores.
A partir del 1 de octubre de 2009, la Secretaría fue elevada por la presidenta Kirchner al rango de "Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agroindustrias" y su primer titular fue Julián Domínguez, quien sucedió al hasta ese momento secretario de Agricultura, Carlos Cheppi. .
Esto tras el paso por la cartera de Norberto Yahuar, anteriormente subsecretario de Pesca, y de Carlos Casamiquela, quien fue subsecretario de Pesca del mismo Ministerio.
El 10 de diciembre de 2015, bajo la presidencia de Mauricio Macri, el Ministerio pasó a llamarse sólo "de Agroindustria", con Ricardo Buryaile como su ministro al que lo sucedió Etchevehere.
Una de las promesas de Etchevehere es que "se reubicarán puestos laborales dentro de inmuebles ya utilizados por cualquier otra dependencia del Ministerio".
En lo que se refiere al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), se espera que alcance una reducción gradual de gastos cercanos a los $65 millones repartidos entre actualización de contratos de ART y revisión de estructura programática.
Por las dudas APINTA, el gremio mayoritario del INTA, se reunió en la semana, en el Congreso con senadores y diputados y les explicaron el valor estratégico del Instituto: "Queremos un INTA en expansión, con liderazgo creciente", esgrimieron los gremialistas.
De acuerdo con las estimaciones del Secretariado Nacional de APINTA, la organización perdió más de 230 trabajadores en los últimos siete meses por jubilaciones, fallecimientos y renuncias sin reemplazo.
Esto se suma al informe del Ministerio de Modernización que indicaba al INTA recortar un 10 % de su personal –equivalente a 782 personas- y que, de efectivizarse, consideran que pondría en jaque la viabilidad de proyectos en las más diversas áreas y territorios afectando a productores de toda escala.
En tanto, en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), el ahorro sería cerca de $105 millones para el 2018, en concepto de limpieza, mantenimiento, alquileres, compras y contrataciones y en gastos de seguridad, que podrían afectar a algunos de las cerca de 6000 personas que revistan en su planta.
Por ahora, la incertidumbre continúa en todas las áreas del Ministerio.
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