Por Fabián Ruocco* .
Buenos Aires, 24 noviembre (Especial de NA) — Es posible que las temperaturas mundiales asciendan más allá de los umbrales previstos, desencadenando cambios abruptos, impredecibles y potencialmente irreversibles con consecuencias enormemente perturbadoras y a gran escala.
En parte, son las conclusiones del “Informe La Rábida-Huelva sobre Cambio Climático y Desarrollo Sostenible en Iberoamérica”, desarrollado por el Observatorio de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático en La Rábida (Huelva, España).
Ante tal conclusión, preparar a los habitantes al cambio climático debería ser prioridad.
Resulta relevante estudiar el costo económico de los eventos climáticos extremos, como ser sequías e inundaciones, no solamente a escala local sino también regional, a los fines de abrir el debate de si dichos costos justifican, o no, el financiamiento de inversiones en adaptación.
En 2017 el Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Matemática (IADCOM) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA presentó un informe denominado, “El impacto económico de los eventos climáticos extremos en Argentina: el caso de la soja en la zona núcleo ¿Riesgo climático o déficit de infraestructura?”, en el cual estimó pérdidas directas producidas por factores vinculados al cambio climático por los excesos hídricos en el cultivo de soja en la Campaña 2016/17.
La provincia de Buenos Aires registró pérdidas por 149 millones de dólares, Córdoba por 60,7 millones, La Pampa por 96,7 millones y Santa Fe por 47,1 millones.
En total, las pérdidas ascienden a 354,4 millones de dólares.
Recientemente, la Secretaría de Agroindustria tenía la expectativa que la próxima cosecha agrícola generara 140 millones de toneladas, superando los 137 millones de hace dos años y convirtiéndose en la mayor de la historia del país.
Hoy, las expectativas ya nos son las mismas, los primeros relevamientos ante los daños producidos por el temporal en las principales regiones productivas del país, reflejaron que se afectó principalmente al trigo, la soja y los tambos.
Además, colapsó la infraestructura y los drenajes, que desbordaron ante estas eventualidades climáticas porque requieren mayor inversión.
A pesar que la coyuntura argentina pareciera estar signada por el fenómeno de las inundaciones, no debemos olvidar que, en la última década, se sufrieron dos eventos de sequías extremas con cuantiosas pérdidas económicas.
.
Sequías versus excesos hídricos.
.
La sequía de la campaña 2011/12, que generó una pérdida total que ascendió a 2.606,37 millones de dólares.
En Buenos Aires (11% del total) se perdieron 293,17 millones de dólares, 574,82 millones en Santa Fe, y 1.738,37 millones en Córdoba (67% del total).
Como conclusión preliminar, esto refleja que la sequía genera pérdidas de ingreso directo mucho mayores que los excesos hídricos, cuyo efecto se focaliza a un área geográfica más limitada.
A su vez, la reciente “Campaña 2017/18: Actualización del Impacto Económico de la Sequía”, elaborada por la Gerencia de Estudios Económicos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, determinó que la una fuerte sequía provocó pérdidas de casi 6.000 millones de dólares en la exportación de soja y maíz.
En este contexto, el documento presentado en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado 2018 logra actualizar las políticas de adaptación o mitigación recomendadas que deben ser ejecutadas multidisciplinariamente, pero es tarea de la economía realizar una cuantificación pragmática del problema.
El Observatorio estimó una inversión entre el 16% y el 25% del total del dinero que pierde la Región a causa del calentamiento global, unos 17.000 y 27.000 millones de dólares anuales podrían evitar la millonaria merma.
Nuestra región es altamente vulnerable al cambio climático, las mujeres, los niños y niñas, los agricultores y los ancianos son las poblaciones más afectadas.
Adicionalmente, unos 106 millones de personas aún no disponen de un saneamiento adecuado, y entre 12 y 81 millones de habitantes más sufrirán escasez de agua en 2020 a causa del cambio climático.
En nuestro país, todavía hay 7 millones de personas que no cuentan con servicio de agua potable, según datos del ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.
A pesar que el nivel de acceso al servicio ha aumentado en un 50% durante los últimos años, la disminución de agua dulce disponible y el incremento de la población podrían suponer un riesgo en las próximas décadas.
La gestión de los recursos hídricos, de los bosques, de las energías renovables y de las políticas públicas ante la vulnerabilidad social son la clave para enfrentar los nuevos escenarios climáticos.
(*) – Director Ejecutivo de Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica (CEDyAT). Especialista en gestión pública y desarrollo sostenible.
Primicias Rurales
NA
