Buenos Aires, 14 noviembre (PR/19) — Finalmente, después de muchos meses de campaña proselitista, que interrumpió la actividad normal del país, y de la incertidumbre que generalmente provoca una elección presidencial, más aún cuando como ahora, se sucedió tras casi dos meses y medio de unas PASO que alteraron totalmente el tablero político del país, el horizonte comienza a despejarse.
Más allá de si hay sol o nubarrones, por lo menos comienzan a definirse los parámetros que guiarán a la Argentina en los próximos 4 años, los legisladores retomarán sus funciones suspendidas hace meses “para hacer campaña” y, después de mucho tiempo, ya se sabe que habrá sesiones Extraordinarias en el Congreso, al menos durante enero, para abordar las leyes urgentes que necesita la Argentina en las actuales circunstancias.
Ya se conoce quienes serán las principales cabezas del Ejecutivo nacional, en las provincias, y también los legisladores, pero aún falta completar el equipo de Gobierno a nivel nacional, clave para vislumbrar tanto el estilo de gobierno, como buena parte del contenido de las políticas.
Y es justamente en estos aspectos que el sector agroindustrial tiene los mayores resquemores, en gran medida, por los antecedentes de algunos de los miembros del nuevo gobierno, cuando les tocó estar en funciones en el pasado.
Es cierto que las condiciones actuales son totalmente distintas a las de hace 10-15 años atrás. En aquel momento, la economía mundial “volaba”, igual que los precios de los productos que exporta la Argentina. Ahora no.
También, se venía de una “limpieza” que había hecho el tándem Duhalde-Remes Lenicov con devaluación, saneamiento de pasivos, blanqueos, etc. y, como si fuera poco, la sociedad estaba muy asustada por la fuerte agitación social y política que se vivió a principios de siglo, por lo que había consensos para aceptar medidas “duras”, en forma transitoria. Tanto fue así, que fue el propio sector el que “ofreció” aportes especiales en aquel momento, y aceptó sin más la reimplantación de las retenciones (que había eliminado Domingo Cavallo 10 años atrás) que, según Duhalde, serían “transitorias”, y el monto en aquel 2002 totalizaron menos de U$S 900 millones.
Ahora, a pesar de la gravedad de algunos indicadores, la distancia con aquellos hechos es muy grande, entre otras cosas, por una serie de acontecimientos que se vivieron en medio y que, en el caso del campo, tuvieron su climax en la épica conocida como “la 125”, la resolución que pretendió en 2008, imponer retenciones móviles al sector, una cuota adicional a las muy altas que ya existían. No fue lo único, solo la gota de agua que colmó el vaso.
Y eso dejó marcas. Se perdió mucha producción, también después, con el secretario de Comercio Guillermo Moreno y sus controles de precios, amenazas, “negociaciones” para conseguir cupos, cuotas, etc., todo lo cual determinó la pérdida de un cuarto del rodeo vacuno (cerca de 12 millones de cabezas), la caída contínua en la producción láctea (que aún sigue), o la superficie más baja de trigo en 108 años en 2013.
Todo esto fue hecho en aras de “la mesa de los argentinos” (que se completaba con el “vivir con lo nuestro”), y de un “relato” en el que el campo aparecía como el malo de la película y los productores los “oligarcas”.
Hoy, censo mediante, se sabe que desde 2002 a la fecha, se perdieron más de 25% de los productores agropecuarios, cerca de 80.000, en buena parte por esas políticas, y más allá de la tendencia mundial a aumentar la escala en los predios productivos.
Por su parte, los recursos trasladados desde la producción hacia otras áreas, que solo en el caso de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, rondaron los U$S 100.000 millones (sí, leyó bien), no queda demasiado claro que destino tuvieron, porque la pobreza siguió aumentando, a la par de los escándalos de corrupción.
No todo fue malo, pero la Argentina no creció lo que hubiera podido, no aprovechó la década dorada internacional que se esfumó, y el desempleo local se mantuvo, tanto porque la economía no creció, como por los crecientes costos laborales (que poco tienen que ver con los salarios).
Ahora, la escasa imaginación que aparece entre los candidatos solo se refiere a la aplicación de más “subsidios”, y la obsecuencia de la dirigencia empresaria también bastante generalizada, solo tiende a “ofrecer” antes de que le pidan, y lo que no es de ellos.
¿Quien paga, en realidad esos aportes?. Hasta ahora, los trabajadores y los productores. El resto lo traslada, o lo elude.
Así las cosas, hoy el temor más generalizado en el campo es que se vuelva a frustrar el crecimiento pendiente de la agroindustria, por políticas coyunturales que solo apelen a recortar más recursos de uno de los muy pocos sectores eficientes y competitivos que tiene el país.
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