Cacerolas que presagian el final de la luna de miel

Por Emiliano F. Rodríguez* .
Buenos Aires, 2 mayo (Especial de NA) — Es probable que la tercera haya sido la vencida en la relación condescendiente que un sector de la sociedad mantenía con el Gobierno, en una especie de luna de miel extendida con motivo del rol de liderazgo, bien visto, que asumió el presidente Alberto Fernández en medio de la pandemia de coronavirus.
La masiva protesta del jueves pasado, con miles de personas en todo el país golpeando cacerolas en rechazo a la salida de presos potencialmente peligrosos de las cárceles como medida preventiva contra el Covid-19, dejó en claro que el vínculo definitivamente se ha resquebrajado.
El reclamo, que encontró al Gobierno inmerso en sus propias diferencias internas con respecto a las excarcelaciones, se sumó al primer gran tropiezo de la gestión de Fernández en plena cuarentena, el fatídico viernes de los jubilados agolpándose frente a los bancos a comienzos de abril, y a las sospechas de corrupción en el Ministerio de Desarrollo Social mediante la compra de insumos con sobreprecios.
Así las cosas, la luna de miel entre el Gobierno y sectores de la sociedad que probablemente no hayan votado por la actual coalición oficialista en las elecciones pasadas, es decir, ese período de gracia en el que predominan las expectativas positivas frente a una gestión que acaba de asumir, parece haber llegado a su fin.
Y en este marco, da la sensación de que la Casa Rosada tomó nota de la coyuntura y echó a rodar escaleras abajo la cabeza del director ejecutivo de la ANSeS, Alejandro Vanoli, uno de los dos funcionarios más criticados después de la jornada de descontrol con los jubilados del 3 de abril pasado, junto al aún presidente del Banco Central, Miguel Pesce.
También irrumpió en escena la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, que insistió en los últimos días en responsabilizar a los jueces por la salida de presos, entre ellos, detenidos acusados de abuso sexual, en tanto su número dos en esa cartera, Juan Martín Mena, bajó sus niveles de exposición pública sobre el final de la semana.
Mena había participado de una “mesa de diálogo” con detenidos del penal de Villa Devoto que provocaron un motín, en el que generaron destrozos, quemaron colchones y blandieron “facas” subidos al techo de la prisión, pero faltó a la segunda cita con los revoltosos, el jueves pasado.
Si la política efectivamente es el arte de lo posible, la oposición -en especial, Juntos por el Cambio- consiguió instalar la idea de que el Gobierno está detrás de las excarcelaciones, con el pretexto de la simpatía que genera en sectores del kirchnerismo la liturgia garantista que profesa el ex juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni.
A partir de entonces, el oficialismo corre desde atrás en su intento por desactivar esta noción, todavía con el recuerdo fresco del festejo de algunos referentes del Frente de Todos cuando al ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou la Justicia le concedió el beneficio de una prisión domiciliaria sin ser integrante de “grupo de riesgo” alguno frente al Covid- 19: ¿volverá a la cárcel cuando finalice la pandemia?.
A pesar de ciertas declaraciones hasta irresponsables que se escucharon en estos días, por ejemplo, sobre que existe un supuesto “plan sistemático” -con todo lo que esto significa en la Argentina- para liberar presos, dirigentes del arco opositor lograron su cometido tras haber arengado el “cacerolazo” del jueves pasado y demostraron que más allá de la cuarentena, la “grieta” continúa vigente.
.
Comienza una semana crucial.
.
Hasta ahora, la postura de Fernández frente a la pandemia y su decisión de tomar el “toro por las astas” le ha rendido dividendos en mediciones sobre imagen y ponderación de gestión, al destacarse por su rol de líder proactivo y mostrarse dispuesto a trabajar en conjunto con la oposición.
Pero la polémica en torno de las excarcelaciones indudablemente ha golpeado las puertas de la Casa Rosada, por más que el oficialismo intente despegarse, señalando a la Justicia con un dedo acusador y asegurando que existe una “campaña mediática” para hacer “creer a la ciudadanía que el Gobierno prepara una salida masiva de gente detenida en virtud de procesos penales”, como indicó Fernández días atrás.
En este contexto, la Argentina se apresta a transitar por una semana clave, hasta crucial desde el punto de vista económico, en la que, por ejemplo, vencerá el plazo para que los acreedores externos acepten o rechacen la oferta de reestructuración de deuda que realizó el país el mes pasado.
El Gobierno, por su parte, deberá resolver en los próximos días la continuidad de la cuarentena que se inició el 20 de marzo, de qué manera seguirá adelante a partir del lunes 10 de mayo: el jueves que viene -7 de mayo- se cumplen dos meses de la primera muerte en la Argentina a causa de Covid-19.
También durante la semana que comienza se debería poner en marcha todo el andamiaje de auxilio financiero que diseñó la Casa Rosada para evitar que las empresas más afectadas por la parálisis económica generada por la pandemia terminen en quiebra y/o despidiendo personal en forma masiva.
El Gobierno también se prepara para lanzar una segunda ronda del bono de 10.000 pesos para asistir a personas de sectores más vulnerables de la sociedad, en el marco del programa de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), tras el cambio de conducción en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).
En ese organismo, convertido en la principal “caja” de la que dispone Balcarce 50 para hacer frente a las necesidades de ayuda financiera que ocasionó la pandemia, acaba de ser designada la camporista María Fernanda Raverta, reemplazo de Vanoli, un hombre cercano a Cristina Fernández de Kirchner.
Además, está por verse si en los próximos días ese sector del oficialismo que lidera Sergio Massa desde la Cámara de Diputados consigue avanzar o no con sus planes para sancionar a los jueces que liberaron presos potencialmente peligrosos para la sociedad con la excusa del coronavirus. En el Frente de Todos, las excarcelaciones también dividen aguas.
Finalmente, el viernes que viene, 8 de mayo, vence el plazo que otorgó la Argentina para que los acreedores externos acepten o le bajen el pulgar a la oferta que realizó el país con respecto al pago de la deuda: 66.238 millones de dólares, con una quita del 62 por ciento en intereses y del 5,4% en capital, para comenzar a abonar en 2023.
¿Caerá el país en un nuevo default?.
(*) – Secretario general de redacción de la agencia Noticias Argentinas (NA); efrodriguez@noticiasargentinas.com; @efrodriguez012.