Buenos Aires, 20 de setiembre (PR/21) .– Dentro de las políticas públicas en torno al estímulo del transporte sustentable, hay un aspecto cultural que pretende consolidar cambios de hábitos hacia un uso del espacio público de las ciudades más amigable con el ambiente.
Vivimos en un territorio de superposición de redes de comunicación que posibilitan velocidades
muy diferentes, las carencias o las dificultades de acceso a su uso entrañan claros riesgos de
exclusión social. Exclusión de las capas de población que no disponen de vehículo propio
motorizado en un sistema de transporte que lo privilegia, o de aquellos a los que la ocupación
masiva del espacio por ese tipo de vehículos les impide ir a pie o en bicicleta. También aquellos
que no pueden utilizar aquel tipo de vehículos o no lo encuentran adecuado al motivo y duración
del desplazamiento y, sobre todo, para ciudadanos que transcurren gran parte de su tiempo en
intercambios de un transporte colectivo que resulta a menudo ineficaz.
En el derecho a la movilidad espacial descansa la realización de gran parte de las necesidades de
conexión social de los ciudadanos. Esa necesidad de movilidad se expresa en muy diferentes
formas de desplazamiento que, a su vez, plantean requerimientos diferenciales, tanto en cuanto
a la organización del espacio público urbano como a la oferta precisa de espacios y de
infraestructuras adaptadas a cada una de esas formas.
Al añadirse el concepto de “movilidad sustentable” se aspira a una planificación urbana que
restablezca el equilibrio entre todos los medios de desplazamiento (automóvil, transporte
público, caminata, bicicleta), proteja el ambiente y que se articule a la planificación del
desarrollo urbano y ordenamiento territorial.
Las sociedades van transformando sus costumbres (sociales, laborales, recreativas, alimentarias,
etc.) a través del tiempo. Ya no se considera al individuo en forma aislada del ecosistema que lo
rodea. Se instaló paulatinamente la idea de “vida sustentable” a partir de procesos como el
reciclado, la reutilización, el compostaje, el consumo responsable de los servicios públicos, una
alimentación “sana”. Además, es posible notar una reducción en el flujo de usuarios de
transporte automotor público y privado. Es en este sentido que se asocia el cambio cultural
relacionado con la movilidad urbana sustentable al uso de la bicicleta.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido una de las pioneras en Argentina en la expansión
de la movilidad sustentable, ya sea en cantidad de rodados por habitantes, en kilómetros de
bicisendas y ciclovías, o en tecnología aplicada a la política, entre otras. Este proceso se inicia en
el periodo 1996-2000 (Jefes de Gobierno: De la Rúa-Olivera) con las primeras obras de
infraestructura en el marco de la revitalización del espacio público. Con la crisis económica
nacional, que abarca la etapa 2000- 2007 (Jefes de Gobierno: Ibarra-Telerman), la dinámica se
desacelera para atender la emergencia social y retoma impulso en el período 2007-2015 (Jefe
de Gobierno: Macri). En dicha gestión se destaca un retorno a operar el espacio público como
vidriera nacional de las políticas públicas. Sin embargo, fue el período de gobierno 2015- 2019
(Jefe de Gobierno: Rodríguez Larreta) cuando la extensión de la red de ciclovías y la peatonalidad
del espacio público adquieren mayor preeminencia en la gestión.
El incremento en el uso de la bicicleta fue impulsado por diversas políticas públicas en el ámbito
de CABA, favoreciendo el crecimiento del parque de bicicletas. Paralelamente, se instrumentó
un sistema de bicicletas públicas, denominado ECOBICI, que le reportó beneficios al GCBA. La
promoción de las bicicletas como vehículo sustentable representó la oportunidad para
desplegar políticas públicas en la materia y mantener un contacto directo con los ciudadanos,
proponiendoles un cambio saludable. Lamentablemente, hoy en día se observa que las medidas
fueron orientadas preferentemente a un público joven, de clase media/ media alta y no al
conjunto total de la población, imposibilitando así instalar un verdadero cambio cultural
vinculado al uso de la bicicleta.
Esta tendencia se acentuó durante la pandemia de Covid-19, registrándose un incremento de
usuarios de bicicletas, y poniendo en cuestionamiento la política pública, ya que recientemente
se ha decidido que las bicicletas públicas sean pagas durante los fines de semana.
La gestión de programas y actuaciones tendientes a garantizar el ejercicio de ese derecho a
todas las personas es una tarea de administración pública. Tarea hoy en día exigida en todas las
sociedades democráticas como un imperativo que se ha ido acrecentando aceleradamente en
los tiempos más recientes.
En definitiva: ¿se trata de políticas públicas de fomento a la movilidad sustentable que acrecientan desigualdades y privilegian áreas? ¿O bien estamos ante políticas públicas que incluyen, que ayudan a construir una cultura sustentable, que modifican la morfología urbana
en pos de hacerla más sustentable? Estos interrogantes aparecen y ayudan a comprender la dimensión política y de gestión que existe detrás de la movilidad sostenible y, en particular, del uso cada vez más extendido de la bicicleta.
En un contexto pandémico, consideramos que la solución es apostar a un modelo de movilidad
urbana alternativo al modelo actual. El mismo descansa sobre tres pilares: conseguir que la
gente camine, vaya en bicicleta, para desplazamientos de corta dirección; que use el transporte
público en desplazamientos más largos y, por último, racionalizar el uso del automóvil,
limitándolo en la ciudad al espacio donde es más útil. El transporte público, alternativo al
tradicional, no sólo favorece la eliminación de focos de contagio, sino que contribuye
enormemente a reducir la huella de carbono y la emisión de gases de efecto invernadero.
Por Valeria Carta Moglietta, Lic. En Administración FCE UBA, Coordinadora del Eje Ciudades Sostenibles
en el Centro de Desarrollo Sustentable “Geo” de la Facultad de Cs Económicas UBA. Diplomada en
Ciudades y Comunidades Sostenibles, Resilientes e Inclusivas – MAyDS-UNTREF
Columna de Opinión del Centro GEO (UBA- Facultad de Ciencias Económicas)
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