Buenos Aires, 8 de enero (PR/22).- Una agenda global surge como resultado de un análisis sobre la planificación para el desarrollo, con el fin de que los países implementen las acciones de forma progresiva en sus respectivos territorios.
La misma se diferencia de un instrumento jurídicamente vinculante, ya que este establece obligaciones internacionales. La agenda global, en cambio, se presenta como una guía para la implementación de medidas concretas, generando influencia en el desarrollo normativo del derecho internacional público e influencia en la costumbre internacional.
Hoy en día existen múltiples agendas, tanto mundiales como regionales. Quizás la que más se destaca es la Agenda 2030, que dio origen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible u ODS son 17, acompañados de 169 metas cuantitativas y cualitativas. A su vez, presentan 231 indicadores para hacer un correcto y efectivo monitoreo.
Si bien la Agenda 2030 marcó un precedente, posterior a su creación han surgido otras agendas, como por ejemplo La Nueva Agenda Urbana aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) celebrada en Quito, Ecuador, el 20 de octubre de 2016.
De acuerdo con las Naciones Unidas, “la Nueva Agenda Urbana representa un ideal común para lograr un futuro mejor y más sostenible, en el que todas las personas gocen de igualdad de derechos y de acceso a los beneficios y oportunidades que las ciudades pueden ofrecer, y en el que la comunidad internacional reconsidere los sistemas urbanos y la forma física de nuestros espacios urbanos como un medio para lograrlo.”
Asimismo, exhibe una guía precisa de planificación, construcción, desarrollo, gestión y mejora de las zonas urbanas en sus cinco pilares principales de aplicación:
1. Políticas urbanas nacionales.
2. Legislación y normativas urbanas.
3. Planificación y diseño urbano.
4. Economía local y finanzas municipales.
5. Implementación local.
En este sentido, se presenta como “la guía global más importante que orienta de forma clara cómo la urbanización bien planificada y gestionada puede ser una fuerza transformadora para acelerar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).”
En 2016, Argentina se suscribió a un convenio de colaboración técnica entre el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la República Argentina y el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), para desarrollar un Plan Nacional Urbano y del Hábitat. De este, surgió la Política Nacional Urbana Argentina.
En 2018 apareció el primer informe, detallando los tres desafíos principales que tiene nuestro país:
1. Gestión integral, planificación urbana y ordenamiento territorial (ya que las tendencias de urbanización en Argentina se caracterizan por la dispersión de la mancha urbana y la suburbanización – con la consiguiente ocupación de suelo natural sin regulación y áreas de riesgo –; y el surgimiento de áreas metropolitanas con continuidad espacial pero desarticuladas administrativamente).
2. Movilidad y transportes integrados.
3. Equipamiento e infraestructura urbana integrada (ya que el crecimiento de las ciudades se ha visto acompañado de deficiencias en la provisión y producción de infraestructura y equipamientos, así como de conectividad e institucionalidad).
Si bien aún nos queda un largo camino por recorrer, Argentina ha demostrado el compromiso a mejorar la calidad de vida de sus habitantes habiéndose comprometido con la Agenda 2030 y con la Nueva Agenda Urbana.
Por Ivana Suarez, miembro del Área de Relaciones Institucionales en el Centro de Desarrollo Sustentable GEO de la Facultad de Ciencias Económica
