Por Jorge Vasconcelos
Buenos Aires, 24 marzo (PR/23) — El gobierno dispuso, en un DNU que todavía no ha completado los pasos legales para ser convalidado, utilizar ahorros en títulos públicos en dólares de las reparticiones públicas (incluida la ANSES) para: a) conseguir pesos que ayuden a refinanciar los vencimientos de deuda pública; b) satisfacer parcialmente la demanda de dólares (con un sustituto no demasiado perfecto); c) relajar restricciones presupuestarias, ya que el 30 % de lo colectado por las ventas de esos bonos podrá utilizarse para compensar la merma de ingresos genuinos
Más allá de lo oneroso que resulta desprenderse de títulos que rinden 45 % anual en dólares y de los
interrogantes legales de la medida, hay que subrayar la escasa potencia del instrumento. Si se lograra reunir poco más de 1,0 millón de millones de pesos por la venta de estos títulos, esa cifra compara con vencimientos de títulos en manos del sector privado estimados en 6,2 millón de millones de pesos para abril-setiembre.
Es cierto que habrá demanda “institucional” (bancos, compañías de seguros) para asegurar parte del rollover, pero todo indica que seguirá siendo necesaria la participación del Banco Central en el mercado secundario de títulos en pesos, por lo cual las presiones inflacionarias y la brecha cambiaria seguirán a la orden del día.
Simultáneamente, el primer trimestre de 2023 está confirmando el deterioro del sector externo y las dificultades del Banco Central para retener reservas, lo cual afecta en forma convergente las expectativas. En lo que va del año, el BCRA acumula un saldo negativo de casi 2,0 mil millones de dólares en sus operaciones de compra-venta de divisas con el sector privado, guarismo que compara con balances positivos de 2,0 mil millones en igual período de 2021 y de 200 millones en 2022.
En febrero se completaron tres meses consecutivos con importaciones oscilando en el andarivel de los 5,0 mil millones de dólares, un 24 % por debajo del promedio de 2022. A las dificultades para producir por la falta de insumos, se agrega ahora un fuerte desaliento a la inversión.
La combinación de restricciones a importar y una brecha cambiaria que coquetea con el 100% tiene consecuencias: los precios mayoristas de productos importados registraron en febrero una variación de 9,2 % mensual y el anualizado del trimestre móvil alcanzó el 172,2 %, que compara con el 101,4 % del IPC.
Entre los anuncios de esta semana figura también la decisión de remover regulaciones que actualmente impiden a las empresas acceder al tipo de cambio oficial para pagar importaciones si, en paralelo, han recurrido al CCL o al MEP.
Por este camino, podría llegarse a una instancia en la que se habilite a las empresas a usar esos
mercados para acceder a dólares libres y pagar importaciones para las que no estén disponibles divisas a valor oficial.
Es decir, sólo como conjetura, el gobierno podría estar sembrando semillas para un eventual
desdoblamiento cambiario, dentro del paquete de medidas que acaban de conocerse.
Primicias Rurales
Fuente: IERAL- Fundación Mediterránea. Informe de Coyuntura
