La dinámica inflacionaria se produce al mismo tiempo que los precios de la economía que son regulados por el Gobierno acumulan un significativo retraso, que se traduce principalmente en el crecimiento de las erogaciones que debe realizar el fisco para sostener las tarifas.
Más en detalle, desde 2020 los precios regulados aumentaron 449% mientras que la inflación núcleo fue de 756%. De esta manera, la antipática tarea de aumentar las tarifas también deberá formar parte de la agenda inicial de una nueva administración debido a que la disciplina fiscal, incluida la reducción de los subsidios, es indispensable para controlar la inflación.
A su vez, anclar las tarifas y el dólar es una práctica habitual en los planes de estabilización. Sin embargo, eso sólo es posible si sus precios parten de valores razonables que permitan una subsiguiente apreciación.
En suma, la herencia que recibirá el próximo Gobierno aceleró su deterioro a lo largo de la extensa campaña electoral con más apreciación cambiaria, mayor déficit fiscal, inflación superior a los dos dígitos mensuales y menos reservas.
A la próxima administración le espera un desafío importante que implica, muy posiblemente, establecer las condiciones iniciales para un plan de estabilización que llevará a una inflación mayor en 2024. Ciertamente, persistir en el rumbo actual es posible, no obstante, se trata de un camino que lleva a un creciente deterioro y que, dados los niveles inflacionarios actuales, conlleva riesgos hiperinflacionarios.
En ese sentido, la posible recuperación del sector agroindustrial luego de la muy severa sequía del corriente año, sumada al aporte de otros sectores exportadores, ayudará a la tarea del nuevo Presidente.
Sin embargo, la experiencia de 2021 y 2022 muestra que los ingresos, incluso récord, de divisas no son sustituto de una macroeconomía estable y pueden coexistir con aumentos de la inflación y la pobreza.
|