El 7 de diciembre, tres días antes de la asunción del nuevo gobierno, Garmendia firmó esa resolución del Consejo Directivo del INTA y ordenó informar a la coordinadora del proyecto SPRINT, la doctora Violette Geissen, sobre la decisión argentina de salirse de ese colectivo de universidades y científicos europeos, que es financiado desde 2020 por la Unión Europea (UE). La decisión de abandonar el barco se hizo efectiva el pasado 12 de diciembre.

La decisión de Garmendia fue vergonzante porque en julio pasado su gestión protagonizó un hecho por lo menos triste para la historia del organismo tecnológico, que fue relatado por Bichos de Campo: se prohibió la difusión de los resultados de los estudios encarados por uno de sus propios investigadores, la doctora del INTA Balcarce y del Conicet Virginia Aparicio, quien había embarcado al organismo en esta aventura intercontinental y quien realizó las primeras mediciones en el país siguiendo los protocolos del Programa SPRINT.

Nunca se sabrá cómo se coló la participación argentina en un proyecto europeo que claramente parece orientado a probar el daño de los insumos químicos utilizados en el agro sobre la salud de las personas y el ambiente. Lo cierto es que en 2021 Aparicio comenzó el trabajo en estas costas y cuando en julio pasado intentó dar a conocer los resultados de su informe, desde la dirección nacional del INTA se lo prohibieron, considerando que “posiblemente algunos procedimientos respecto a los estudios que involucran a personas han excedido la incumbencia institucional”.

Lo cierto es que Argentina fue el único país extracomunitario que participó del Proyecto SPRINT y se expuso a la lupa de los intereses europeos. Aparicio, una investigadora acostumbrada a estas lides, de seguro aprovechó el resquicio o un descuido de sus superiores para intentar cubrir una faltante clara de la política nacional, donde no existen estadísticas claras sobre el uso de agroquímicos y mucho menos se realizan estudios sistémicos sobre el posible impacto que tienen sobre el ambiente y la salud de las personas.

Los intereses en juego en este pelea son muchos. De un lado están los ambientalistas que describen el escenario como de grave contaminación, mientras la Unión Europea viene aplicando restricciones al uso de fitosanitarios que cada vez son más severas y terminan afectando visiblemente los intereses de los países que le exportan alimentos, como la Argentina. Del otro lado, los productores locales y sobre todo las corporaciones globales de agroquímicos prefieren hacer la vista gorda frente a posibles consecuencias del uso masivo de estos insumos. En el medio, desde hace años el Estado Argentino brilla por su ausencia, prefiere no mediar en esta polémica.

El resultado es que lamentablemente no existen estudios rigurosos en el país que permitan darle la razón a unos u otros. Los argentinos no navegamos en un mar de agroquímicos sino en un océano de desconocimiento. El gran mérito de Virginia Aparicio fue encontrar un resquicio que le permitiese comenzar a cubrir esa visible carencia e involucrar al menos nominalmente al INTA. Luego, ante la falta de apoyo institucional y el escaso compromiso de los sectores productivos con el Proyecto SPRINT, del cual desconfiaron de inmediato, la investigadora lamentablemente terminó recostando sus estudios en algunas pocas agrupaciones ambientalistas radicalizadas, que hicieron de sus estudios una bandera.

Es decir que la investigación terminó siendo vana y funcional a los intereses de un sector con posiciones tomadas. Los resultados finalmente se conocieron y resultaban catastróficos: se habían colocado pulseras especiales para detectar agroquímicos sobre 73 habitantes de la provincia de Buenos Aires, varios de ellos reconocidos militantes agroecologistas, y de allí surgió que el 100% de ellos “presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal”.

Estos resultados colocaban a la Argentina, según esta cuestionada medición que había sido reprobada por el propio INTA, en el tope de los niveles de contaminación con agroquímicos, pues esos niveles detectados habían sido superiores a las de los países europeos comparados en el Proyecto SPRINT, solo superados por los Países Bajos.

Pero, ¿qué es el proyecto SPRINT y por qué Aparicio representaba a la Argentina en este espacio internacional? En inglés, la sigla quiere decir algo así como Transición Sostenible de Protección Vegetal y su lema es “un enfoque de Salud Global”. En un programa lanzado por varias universidades y organismos europeos que obtuvo financiamiento de la Unión Europea (acuerdo de subvención 862568). Su objetivo declarado es “desarrollar una caja de herramientas de evaluación de riesgos para la salud global para evaluar los impactos de los productos fitosanitarios en la salud de los ecosistemas, plantas, animales y humanos”.

En ese plan se pusieron en marcha en 2021 diez casos de estudio dentro de territorio europeo. Curiosamente el caso 11, y único fuera del viejo continente, era el de Argentina. Debe ser repetido: No hubo otros países americanos seleccionados. Ni asiáticos. Ni africanos.

En febrero de 2022 la propia organización SPRINT explicaba las razones -al menos formales- de por qué los mismos ensayos se iban a realizar aquí. “Incluimos a Argentina en nuestro proyecto porque es el principal exportador de soja para alimentación animal en Europa. Además, esto nos permite comparar nuestros hallazgos en Europa con los de América del Sur, donde los pesticidas suelen aplicarse con mayor frecuencia y en mayores volúmenes”, definía.

La conducción del INTA, que dejó crecer demasiado esta bola y luego finalmente la detuvo de la peor manera, con un repudiable acto de censura institucional, ahora decidió -a horas del cambio de gobierno- abandonar esa plataforma internacional, corrigiendo una supuesta mala decisión original de la institución.

Entonces todo quedó como estaba: la Argentina continúa sin realiza mediciones propias sobre los posibles impactos de los agroquímicos en el ambiente y la salud, los detractores de estos insumos aprovechan este faltante para lanzar todo tipo de campañas difamatorias sobre el agro, sin ningún tipo de sustento científico pero de visible impacto social, mientras la corporación agroindustrial clama por una inocencia que de ningún modo tampoco resulta creíble.

Aparicio, en una comunicación a actores que habían sido invitados a participar de este proceso fallido, explicó: “Luego de todos estos meses de intentar la continuidad del proyecto, creí razonable que sepan que no lo logramos. Estará disponible la información del proyecto SPRINT, por los canales que ya les he comentado antes, pero INTA discontinuará su participación, deberemos devolver el presupuesto otorgado para trabajar y no podremos construir, con ésta herramienta científica de trabajo, formas de producir alimentos con menos exposición a los plaguicidas. ¡Realmente lo siento mucho!”

“Les deseo una Feliz Navidad y Próspero 2024 para todos”, se despide la investigadora.

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Fuente: Bichos de Campo