La discusión sobre la importación de vacunas bivalentes que escaló en los últimos días requiere información, consenso y articulación de entidades del agro, laboratorios, especialistas y autoridades. De su correcta resolución, para que “ciencia y mercado” vayan de la mano, no solo depende la sanidad del rodeo sino la potencialidad del negocio ganadero.
Por Miguel Gorelik.
Buenos Aires, 11 de abril (PR/24) .- En las últimas semanas se reavivó un debate sobre la vacunación contra la fiebre aftosa, en el que participaron entidades del agro, laboratorios, legisladores, especialistas y diversos actores.
En esta ocasión, los disparadores fueron el precio de la vacuna y la regulación que pesa sobre su importación.
Hubo afirmaciones en el sentido de que en los países vecinos la vacuna cuesta una fracción de su precio en la Argentina. Argumento que se potencia por las regulaciones que rigen en el país, que exigen que la vacunación se haga con productos tetravalentes, es decir, que contengan cuatro cepas de virus, los que no se fabrican en ninguna otra parte del mundo. Este requisito rige desde 2005.
El debate sobre el precio es realmente vidrioso fundamentalmente porque no está sobre la mesa, para muchos participantes, toda la información que el mismo requiere. Además, el ejercicio supone alguna decisión arbitraria, ya que, para la comparación, hay que optar entre los tipos de cambio oficial, de importación (oficial más arancel más impuesto PAIS de 17%) o blue.
Otra dificultad que se agrega es que poca gente conoce, en la Argentina, el precio real de la vacuna, ya que la enorme mayoría de los productores paga un valor que incluye , además, los gastos del vacunador oficial o veterinario del establecimiento y toda la logística involucrada, que puede también tener un margen para la fundación de lucha local. En cambio, en otros países que no usan la figura de fundaciones, el productor compra la vacuna directamente en la veterinaria.
De todas formas, pensamos que esa discusión debería ser resuelta por el mercado en condiciones de competencia sobre las mismas bases.
El otro tema que requiere un análisis profundo es si debe seguir exigiéndose una vacuna tetravalente. Hay especialistas que sostienen que alguna de esas cepas perdió sentido hace tiempo por ausencia. Pero no es algo de lo que se pueda opinar sin el debido conocimiento.
En ese sentido, el Senasa tiene mecanismos para decidir, basado en ciencia -respaldo que nunca debe faltar- cuál es el mejor camino a seguir. Hay foros, locales e internacionales, donde se discuten, al tiempo que se comunican, las políticas oficiales, lo que permite la articulación de estrategias entre países con similares situaciones.
Esta semana el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que aquel organismo iba a habilitar la importación de vacunas bivalentes, pero aún no se conoce la norma concreta.
El mercado considera que Brasil es la principal fuente potencial de aprovisionamiento de vacuna bivalente importada. Pero el hecho de que se está desarrollando en este mes la última campaña de vacunación para el 96% de los casi 200 millones de animales que hay en ese país, genera dudas en cuanto a que haya producto, con fábricas cerradas precisamente por eso. Pero será un tema a resolver por los operadores.
La economía argentina está plagada de regulaciones que distorsionan numerosos mercados, las que hay que eliminar en el camino hacia una mayor apertura, con los consiguientes beneficios generales.
En la medida en que se respeten iguales condiciones para todos, hay que bregar para que haya la mayor competencia posible.
El gobierno puede dar prioridad al análisis y evaluación de plantas extranjeras y de sus productos, de manera de acortar los tiempos usuales de habilitación, pero debe exigir lo mismo tanto a locales como foráneos.
La seriedad en el manejo de este tema no sólo incidirá en la sanidad del rodeo sino en las posibilidades del negocio ganadero, cuando se está exportando el 35% de la carne producida y se puede proyectar una penetración mayor, con razonables perspectivas de crecimiento.
La crisis de aftosa de 2000-2001 tiene, todavía, a todos los protagonistas suficientemente escaldados como para tomar decisiones de largo alcance en base a situaciones coyunturales.
Confiemos en que se tomarán las medidas necesarias para que no haya que optar entre mercado o ciencia, sino que ambos avancen de la mano.
Buenos Aires, miércoles 10 abril (PR/24) – La agenda del gobierno que asumiera el 10 de diciembre inevitablemente tenía que incluir la resolución del “exceso de pesos”, canalizar la “demanda reprimida” de dólares de importaciones y de dividendos y, para comenzar a empalmar con la siguiente etapa, lograr una sostenida recuperación de la demanda de pesos, como paso imprescindible hacia la estabilización, salvo que se cuente con 35 mil millones de dólares para rescatar moneda local y dolarizar.
Esos objetivos forman parte de un “plan de transición” que, si bien no ha sido explicitado en su totalidad, puede “leerse” a partir de muchas de las medidas tomadas hasta aquí. Se trata de una tarea “por
resultados”, sin fecha fija de duración, por lo que no es seguro que los mismos instrumentos que
funcionaron en el arranque de la gestión mantengan su eficacia a medida que afloran nuevas
dificultades.
Entre los objetivos que resta cumplir se encuentra el de darle salida a la demanda reprimida de divisas por dividendos; el problema de flujos de pesos para los que todavía no hay demanda (intereses de los pases); resolver a tiempo las señales de alerta vinculadas con la “inflación en dólares”, con un rebote de precios de servicios privados que es más intenso que el experimentado a principios de 2016; junto con las precisiones acerca del régimen monetario cambiario en el que esta transición habrá de desembocar.
La agenda del gobierno que asumiera el 10 de diciembre inevitablemente tenía que incluir la resolución del “exceso de pesos”, canalizar la “demanda reprimida” de dólares de importaciones y de dividendos y, para comenzar a empalmar con la siguiente etapa, lograr una sostenida recuperación de la demanda de pesos, como paso imprescindible hacia la estabilización, salvo que se cuente con 35 mil millones de dólares para rescatar moneda local y dolarizar.
La caída en la demanda de pesos explicó más de 1/3 de la aceleración inflacionaria de 2023 (la emisión, los otros 2/3), pero no siempre es subrayado su rol. Y su función en sentido inverso, el de la recuperación de la demanda de dinero como herramienta de estabilización.
Hay mucho margen de recuperación para la demanda de dinero, contribuyendo a la estabilidad de la economía. Sin embargo, la confianza en el peso depende también del régimen monetario-cambiario que finalmente se adopte.
La indefinición no afecta sólo las expectativas, sino también confunde sobre los instrumentos a los que se habrá de apelar para enfrentar desafíos como el de la llamada “inflación inercial” y las señales de alerta que surgen del IPC de marzo de CABA, con precios de servicios privados que desde principios de año suben a un ritmo del 6,5 % mensual en moneda dura, rebotando a un ritmo más intenso que a principios de 2016, tras la devaluación de arranque del gobierno de Macri.
Considerando el precio de los servicios intensivos en mano de obra, caso peluquería, plomería, electricistas, servicio doméstico, consultas médicas, pasados a dólares al tipode cambio oficial, y partiendo de un índice 100 en enero del año anterior, se llega a un índice de 86,9 a marzo de este año. Si bien se ubica todavía 13,1 % por debajo del precio en dólares de enero del año pasado, el rebote es más rápido que durante la experiencia de 2016: a marzo de ese año el índice se ubicaba en 80,5, partiendo de 100 en enero de 2015.
Pese a que el ajuste es mucho más intenso en el arranque de la gestión Milei que en la de Macri, y esta política debería hacer más lento el traslado a precios de la devaluación, la actual “tablita cambiaria” parece estar fagocitando los efectos de la contracción fiscal y monetaria en términos de evolución de la “inflación en dólares”.
La importancia del régimen cambiario-monetario, que se adopte tiene que ver también con la recuperación del nivel de actividad, ya que ésta no será firme hasta que comience a ser alimentada por entrada genuina de capitales. Ya se sabe que la persistencia de los cepos es el primer obstáculo para pasar a ese escenario.
La desaceleración de la inflación que se observa en 2024 tiene más que ver con el freno a la emisión de origen fiscal, que por aumento de la demanda de dinero. Y, como otros vectores de emisión se han mantenido activos, ha sido necesario seguir apelando a la colocación de pases (antes Leliq) para retirar liquidez, una dinámica que tiene un costo elevado.
Desde el 10 de diciembre, los Pasivos Remunerados del BCRA han aumentado en 10,9 billones de pesos, pese a que también ha habido esterilización de pesos por BOPREAL y operaciones del Tesoro. La transición hacia la estabilidad se ve complicada no tanto por el stock de “exceso de pesos”, sino por ese flujo: actualmente, el pago de intereses por los pasivos remunerados del BCRA es una cifra de más de 2,1 billones de pesos/mes, equivalente a 6,8 % de la Base Monetaria Amplia.
Una presión inflacionaria subyacente que es una “piedra en el zapato” para proyectar estabilidad.
El gobierno ha bajado la tasa de interés para que esta “emisión endógena” se modere, llevándola de 8,6 % a 6,8 % mensual. Y espera la oportunidad para volver a recortarla.
Tendrá que hacer hincapié en la dinámica de la “inflación núcleo”, ya que el IPC habrá de seguir cargando con la mochila de la actualización de tarifas, que tendrán incidencia significativa en las mediciones del INDEC en estos meses del otoño.
Aún después de eventuales bajas adicionales de la tasa de interés, el piso de las presiones inflacionarias seguirá siendo elevado. De allí la importancia que tiene en la hoja de ruta oficial obtener 15 mil millones de dólares de libre disponibilidad, de modo de necesitar cada vez menos de la tasa de interés para encontrar un equilibrio entre el peso y el dólar en un eventual régimen de “competencia de monedas”.
Respecto a la tarea de canalizar “demanda reprimida” de dólares, el BOPREAL juega un rol destacado, al costo de engordar la deuda en moneda dura, ya que cumple simultáneamente con los dos objetivos planteados más arriba. Se canalizaron pagos de importaciones, al tiempo que se esterilizaron pesos por 6,5 billones desde el 10 de diciembre.
Ahora que quedan menos títulos por colocar para importadores, es posible que se intente replicar esta experiencia para dar salida también a la “demanda reprimida” de divisas por las remesas de dividendos pendientes.
Ahora bien, parte del éxito de la colocación del BOPREAL ha tenido que ver con los arbitrajes con el dólar libre (CCL), por lo que aquellos que esperan una unificación cambiaria rápida quizá tengan que esperar, al menos, hasta que se complete esa posible segunda fase del BOPREAL destinada a dividendos.
Esto explicaría también la persistencia de “restricciones cruzadas”, que penalizan a las empresas quitando acceso al mercado oficial cuando realizan operaciones en el CCL.
Ahora bien, la otra parte del plan de transición depende del sendero que se elija en la bifurcación que marca opciones como “dolarización sintética” vs competencia de monedas.
La ventaja de régimen de competencia de monedas está en que, durante la transición, podría ser compatible con la recuperación de la demanda de dinero, ya que el Gobierno se auto-obligaría a recrear condiciones como las que dieron lugar al nacimiento de la convertibilidad en abril de 1991.
Por el contrario, algún tipo de dolarización prematura podría llevar a caídas adicionales de la demanda de dinero y más inflación durante la transición.
El otro factor determinante de la demanda de dinero es lo que ocurra con la economía real y la forma que adquiera la salida de la recesión. Si la recuperación es en V, esto conlleva mayor demanda genuina de pesos.
Es cierto que la capacidad ociosa es elevada, pero ante el sesgo de la política fiscal, se requieren otros motores: Es el caso del crédito al sector privado, pero esta variable está supeditada al régimen
monetario-cambiario.
Otro vector es la recuperación de la masa de ingresos de la población en términos reales, complicada primero por la inflación, y ahora también por la pérdida de empleos.
Por la magnitud de la caída de los ingresos de los trabajadores, parece lógico esperar un rebote, que alimente la demanda y la salida de la recesión. Pero, el deterioro de la década de la estanflación ha sido tan profundo, que más temprano que tarde el rebote de los salarios se enfrentará al techo que impone la baja productividad de la economía.
Obsérvese que, desde el cuarto trimestre de 2011 (cuando se instalaron los cepos al cambio y al comercio exterior), la productividad media del trabajo cayó un 17,3 % acumulado, mientras que el salario real de trabajadores formales lo hizo un 19,0 %.
Son variables fuertemente correlacionadas, por lo que el rebote de los ingresos laborales deberá venir asociado a la evolución de la productividad, para que resulte sustentable.
Primicias Rurales
Fuente: Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) . Fundación Mediterránea
Buenos Aires, jueves 4 abril (PR/24) — Para la primera parte de este año, se espera un mercado interno deprimido, con bajas ventas, debido al menor poder de compra de la población. Siendo así, un interrogante es si el mercado externo podrá contrarrestar aquella fuerza, contribuyendo a sostener la actividad económica durante este periodo
Entre 2011 y 2023 el comportamiento de las exportaciones fue inicialmente de caída, estancamiento y luego una cierta recuperación. Jugaron en contra el tipo de cambio oficial, con recurrentes retrasos y los cepos al cambio y al comercio exterior. Además, con inflación ascendente, aumentó la incertidumbre económica y se desalentaron inversiones. Hacia el final de esta etapa aparecen excepciones en el escenario de estancamiento: los cereales (excluyendo el 2023, que sufrieron la sequía) y las carnes. Y no tan mal en industria alimenticia y en aceites. También se expanden las ventas externas de combustibles
Los precios internacionales y las condiciones para exportar productos agroindustriales y combustibles reflejan los cambios ocurridos en la economía mundial tras la invasión de Ucrania por Rusia y un reseteo de la transición energética. Sin embargo, este giro no alteró el rumbo descendente de las exportaciones industriales de la Argentina: desde 2011, las ventas al exterior de MOI han caído nada menos que un 47 % en dólares constantes, merma que es de 8 % para las exportaciones primarias y de manufacturas de origen agropecuario
Desde una perspectiva regional, con el mejor desempeño de los cereales y oleaginosas, se ha visto más beneficiada la región pampeana, en especial Córdoba. No ha sido así con otras economías regionales, que están vinculadas a exportaciones de productos primarios (excepto minerales) y agroindustriales. La mayoría de esos productos ha sufrido una fuerte caída, en comparación al año 2011. Un tercer caso es Buenos Aires, más industrial, que ha visto caer sus ventas externas de esos productos. El repunte petrolero está más vinculado a Vaca Muerta, y en 2023 se observa un sustancial incremento en las exportaciones desde Neuquén
Aunque se ha intentado comparar el escenario de 2024 en adelante con lo ocurrido después de 2002 (tras la caída de la convertibilidad), hay diferencias significativas con aquella experiencia: en aquellos años, el tipo de cambio oficial para los exportadores era equivalente a $ 1.800 actuales (mayor competitividad cambiaria). Esto compara con una paridad a la mitad en el presente, incluso por debajo del promedio histórico ($ 1.000). Los precios se exportación a partir de 2003 reflejaron la creciente demanda de China por commodities, fenómeno que también se percibió por el lado de los volúmenes del mercado mundial
Actualmente, las condiciones de la demanda externa son diferentes a las de principios de siglo, aunque existen “nichos” de mercado que la Argentina podría aprovechar. Hay una recomposición de la producción agroindustrial, y el impacto de Vaca Muerta ya no se discute. Sin embargo, será difícil encontrar ejemplos análogos por fuera de la región pampeana y de Neuquén. Recuperar dinamismo en el resto de las economías regionales es uno de los grandes desafíos de la política económica y de las instituciones.
Buenos Aires, jueves 14 marzo (PR/24) — Cuando se hacen analogías entre el Pacto de Mayo y el de la Moncloa, no puede ignorarse que aquel acuerdo de 1977 en la España posfranquista tuvo como Norte acceder a la Comunidad Económica Europea, con todas las reformas que eso implicaba.
El objetivo de integrarse al mercado europeo, tras décadas de aislamiento, fue el verdadero hilo conductor del plan que se formalizó en octubre de 1977 y que reconoce hitos posteriores como el Tratado de Adhesión a la CEE rubricado en junio de 1985 y la incorporación efectiva en enero de 1986, seguidos de la Unión Monetaria, entre otros
Después de la Segunda Guerra Mundial, los países que se lograron acercar a la categoría de “desarrollados”, viniendo de “emergentes”, tuvieron una característica en común, que fue la de haber logrado un cambio cualitativo en su inserción en el mercado mundial. Esto no tiene que ver con el concepto de la “restricción externa”. Se trata, en realidad, de la diferencia en la forma en la que se organiza una economía cuando está o no expuesta a la competencia global. Los casos de nuevos desarrollados incluyen países como Corea e Israel, pasando por Nueva Zelanda, Irlanda, España, Noruega, entre otros
En cambio, el PIB por habitante de la Argentina comparado con el de los Estados Unidos se achicó de dos tercios a un tercio en los últimos setenta años. Mientras en 1953 la Argentina registraba un PIB per cápita equivalente al 63,3 % del de los Estados Unidos, para 2023 ese guarismo había caído a un 33,0 %. Subyacente a ese fenómeno, nuestro país ha venido experimentando una formidable pérdida de inserción en el mercado mundial. En 1953, las exportaciones de la Argentina capturaban 1,34 % del mercado mundial, para caer a sólo el 0,36% en el presente
Si la agenda del Pacto de Mayo se lograra ordenar en función de una exitosa reinserción de la Argentina en la economía mundial (el punto 10 de la convocatoria oficial), no perdería sentido ninguno de los 9 ítems restantes, pero sí habría que reconfigurar objetivos e instrumentos, pasando a tener en cuenta su impacto en términos de competitividad
Salvo el caso de España y otros emergentes que pasaron a desarrollados dentro de la Eurozona, el resto de los países que integran este selecto pelotón funcionan, en general, bajo un régimen que ha pasado a ser el “lugar común”, con Bancos Centrales independientes, metas de inflación y flotación cambiaria. Los casos excepcionales que han adoptado una moneda común como es el euro, han podido testear en sucesivas crisis la tremenda importancia de contar con un “prestamista de última instancia” como es el Banco Central Europeo
Los pre requisitos para desembocar en “competencia de monedas” son tan exigentes como los que debieron cumplirse cuando se ingresó en la convertibilidad. Entre ellos, no pueden faltar la Gobernabilidad, haber prescindido del impuesto inflacionario, haber resuelto el problema de la “inflación inercial” y entrar al nuevo régimen con precios relativos “corregidos”, junto con la eliminación de trabas y cepos al funcionamiento del comercio exterior y del mercado cambiario. Asimismo, la reforma monetaria debería apuntar a “inflación internacional” desde el primer día
Luego de la baja de tasas de interés dispuesta el lunes 11 por el Banco Central, la emisión generada por el pago de los intereses de los pasivos remunerados del Central pasaría a 1,97 billones de pesos/mes, equivalente a 5,0 % de la base monetaria amplia actual. Aun cuando se ha reducido, sigue siendo demasiado elevada como emisión endógena, y constituye una “mochila” demasiado pesada para una moneda que se proponga competir de igual a igual con las divisas.
A diferencia de la dolarización, que demandaría contar con unos 35 mil millones de dólares para rescatar todos los pesos, entrar en competencia de monedas requeriría reservas por una fracción de aquella suma. De allí que las autoridades reconocen estar gestionando una cifra del orden de los 15,0 mil millones. Aunque más acotada, esa masa crítica de divisas no es tan sencilla de lograr, pero es imprescindible para poder ofrecer en el arranque de la “competencia” la libre elección de monedas a los tenedores de pesos. En esa fase de la reforma el mercado habrá de determinar tanto el tipo de cambio como las tasas de interés (en pesos) en las que oferta y demanda se equilibran
La reciente baja de tasas de interés también puede responder al temor del gobierno a una recesión más profunda y prolongada que la prevista inicialmente. Al respecto, los indicadores de febrero sobre el nivel de actividad no cuentan una historia muy diferente de enero. Del lado de la demanda, los salarios de los trabajadores registrados cayeron un 22 % interanual en términos reales en enero y acumulan una merma del 18% en el bimestre diciembre y enero, para ubicarse en valores similares a los de mayo de 2006
Aquellos sectores que cuentan con una mayor apertura exportadora están logrado “surfear” la recesión de un modo mucho menos apremiante, particularmente cuando se compara con aquellos rubros con menor inserción externa y baja competitividad. La caída de producción no se observa en sectores como hidrocarburos y procesamiento de carne vacuna, justamente por tener capacidad de derivar producción al mercado externo y/o profundizar la sustitución de importaciones
Por José Calero.
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Buenos Aires, jueves 14 marzo (PR/24) — El Gobierno logró el primer paso de que los mandatarios provinciales acepten ir a la Casa Rosada para escuchar la propuesta con la que Javier Milei pretende destrabar los restos de su ley ómnibus.
Reimplantar el impuesto a las Ganancias para quienes ganan más de $1,5 millones con el objetivo de que las provincias recuperen fondos, fue una de las propuestas.
Por ahora los gobernadores “no la ven”. Creen que la Nación pretende usarlos para compartir el costo político de una medida que caerá muy mal entre los trabajadores.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, es quien encabeza las dificultosas negociaciones. El objetivo es que el Congreso dé vía libre a lo que antes rechazó, y llegar al 25 de mayo con un plan de metas de aspecto fundacional.
Mientras esa negociación espinosa se lleva adelante, Milei confía en un cambio en la composición de las cámaras en las elecciones de medio término que lo pueda sacar de la situación de debilidad parlamentaria.
En este escenario, Milei parece haber abierto la puerta para que la discusión con los mandatarios provinciales tenga como resultado un apoyo amplio al megaproyecto de ley, que naufragó en las sesiones extraordinarias, a cambio de un alivio fiscal para las alicaídas arcas provinciales.
Una posibilidad es la restitución de la cuarta categoría de Ganancias, pero en este aspecto ya hubo alguna aspereza: la Nación quiere achacarle esa idea a los gobernadores y estos tampoco quieren absorber el costo político de reducirle el salario a un amplio grupo de trabajadores en un contexto de profunda recesión económica.
La convocatoria del presidente Javier Milei a una nueva ronda negociadora con los gobernadores vuelve a poner sobre la mesa algunos artículos y medidas que están relacionadas con el ajuste fiscal que busca Luis Caputo y que necesitaban respaldo parlamentario.
El fracaso del primer intento de sanción de la Ley Ómnibus le había costado al Poder Ejecutivo casi 1,5% del PBI del ajuste total de 5 puntos del PBI que necesita este año.
Aún no está claro si el texto completo de la segunda versión del megaproyecto será o no idéntico a la última versión negociada sobre el filo en Diputados, que había logrado el respaldo en el tratamiento en general, justo antes de que el oficialismo decidiera retirarlo ante la falta de apoyos en la votación en particular.
Antes de que fracasara la Ley Ómnibus en el primer intento de debate en el recinto de Diputados, la hoja de ruta de Caputo exhibía que casi el 60% del ajuste fiscal que buscaba para 2024 estaba explicado en una poda presupuestaria para algunos sectores como las transferencias discrecionales a provincias, la obra pública -estos dos son señalados como las erogaciones que con mayor rapidez sufrirán un guadañazo- junto a subsidios, jubilaciones, programas sociales y otros gastos de funcionamiento del Estado.
Otro casi 40% se sostiene por subas de impuestos, principalmente la del impuesto PAIS para las importaciones, un incremento generalizado de derechos de exportación, el aporte de la moratoria, el blanqueo y el pago anticipado de Bienes Personales. Esos tres últimos integraban el megaproyecto de ley que se negoció el Congreso. Aquel 40% fue puesto en duda tras el naufragio de la ley ómnibus y empezó a tener mayor peso aquella proporción que correspondía a la “motosierra”.
Aún no está claro qué alcance tendrá el nuevo envión que tendrá la Ley Ómnibus, pero en el equipo económico creen que la modificación en la fórmula de actualización trimestral de haberes y la iniciativa de Ingresos Personales que haga volver a pagar el impuesto a unos 800.000 asalariados tenían “buen consenso” durante las discusiones preliminares. En algunas provincias ya asoma, de todas formas, una resistencia a restituir la cuarta categoría de Ganancias.
De todas formas, el Gobierno sigue sumando sectores de la sociedad alarmados por el ajuste: la radiografía muestra que durante el primer bimestre, la reducción total del gasto primario habría sido de $3,9 billones en moneda de febrero de 2024.
Una vez más, los jubilados y pensionados habrían sido el grupo más afectado por esta reducción, contribuyendo con el 43% del total, equivalente a $1,68 billones. Le seguirían las transferencias totales a provincias, aportando el 6%, y el gasto salarial con el 5%. El 46% restante del ajuste habría sido distribuido entre los demás rubros.
Otro debate es qué porcentaje del ajuste fiscal que llevó adelante corresponde a “licuadora” y cuál a “motosierra”.
Milei dice que por ahora es más motosierra que licuadora. Pero los números no estarían indicando ese resultado.
Según el economista Leandro Ziccarelli, el 51% del ahorro en términos reales fue por el efecto licuador de la aceleración inflacionaria y el 49% de ajuste de partidas presupuestarias.
Un resultado demasiado pobre para el aspecto fundacional que Milei pretende imprimirle a la primera etapa de su gobierno.
Por Mónica Ortolani – Tónica Online | Docente de AgroEducación
Buenos Aires, lunes 11 marzo (PR/24) — Cambió el clima, con “una niña” menos caprichosa que amenaza en volver. Cambió el Gobierno, despertando ilusión. Pasó el sacudón de la devaluación. Los granos registraron bajas que preferimos no mirar, mientras nos sorprendemos ver cómo el dólar se destiñe y los costos se inflan.
¿Qué cambios urgen realizar en la gestión financiera de la campaña 2024?
Pasemos al valor de los casos, e información de la macro para ir desgranando juntos las respuestas.
¿Convino endeudarse en pesos?
Si bien es cierto, que quienes hayan seguido nuestros consejos, anticipando la compra de insumos con financiamiento en pesos, en trigo se encontraron mejor posicionados, necesitando vender alrededor de un 50% menos de granos para honrar sus compromisos.
En cambio, para cumplir la gruesa, la película hacia adelante anticipa otro final, considerando que el volumen comercializado y con precio fijado se encuentra entre los más bajos de la última década.
Vayamos al ejemplo concreto de productores que guardaron soja y tomaron financiamiento en pesos a tasas del 120% anual. Por una compra de U$s 10.000, hicieron un cheque de $ 5.478.000. De haber fijado precio, habrían comprometido unas 28 tn de maíz o 16 tn de soja.
Sin embargo, la mayoría no fijó precio. A las cotizaciones futuras actuales deberán abrir la tranquera y entregar 4 tn. más de maíz, ó 3 tn más de soja, ( 15% y 18% más respectivamente).
Redondeando, en promedio, unos $ 800.000 menos en el bolsillo o en el silo, cada U$s 10.000 de endeudamiento.
Hay que tener en cuenta, que más del 50% del capital que los productores necesitaron para sembrar (léase enterrar dólares), se financiaron gracias al apoyo incondicional de la cadena comercial, que le siguió dando la mano en el momento que más lo necesitó, con forwards, en dólares.
Por lo tanto, pasemos el mismo ejemplo base de compra de insumos por U$s 10.000, en la divisa norteamerica, con la misma mecánica de analizar la situación fijando y no fijando precio:
Como puede observarse quienes se endeudaron en dólares y no fijaron precio, perderían fuera del lote, 7 tn de maíz ó 5 tn de soja, por cada U$s 10. 000, que equivalen a unos $ 1.1/$ 1,5 M.
Menos kilos y menos plata en el bolsillo para poder honrar deudas y enfrentar la nueva campaña.
¿Cómo seguimos?
Mirando hacia adelante, de acuerdo a las cotizaciones matba rofex, la tasa de devaluación implícita esperada, a un año apenas supera el 103%. Mientras la inflación interanual esperada de acuerdo al REM (1) se ubica en el 210% a diciembre de 2024, 58% a diciembre 2025 y 31% a diciembre de 2026. La media de la inflación esperada a un año ronda el 147%.
Por otro lado, las tasas en pesos que siguen ofreciendo los bancos, para quienes tienen stock de granos se sigue ubicando en el 120% anual (por encima de la devaluación esperada), u ofreciendo tasas menores, en muchos casos cobran comisiones adelantadas, que llevan la efectiva por encima de la devaluación. Si bien expoagro habilita la posibilidad de préstamos en $ a tasa subsidiada con convenios de empresas de maquinarias, por lo general cuando se hace la cuenta fina entre la brecha de un negocio directo o con convenio deja sabor a poco. (más allá que el retraso histórico del dólar, llevó a una inflación en dólares que ubica a nuestros insumos e inversión, por encima de nuestros competidores globales).
En tanto, las tasas en dólares se ubican de acuerdo a plazo entre el 0 y 5% anual.
En consecuencia, desde el financiamiento el endeudamiento en dólares, y más aún, las destinadas a inversiones de más mediano plazo, enciende luces verdes de oportunidades, ya que su valor futuro se encuentra por debajo de la tasa en pesos a la que realmente se puede acceder, y a la inflación esperada.
Por el lado de las inversiones, una tasa de plazo fijo mínima del 110%, representa una tasa efectiva del 171,46%, muy por encima de la tasa que devengan los granos y de la propia devaluación esperada, cambiando el foco de nuestras decisiones de inversión de dólares a pesos o activos que ajusten por una inflación que correrá más veliz.
La firma del Pacto de Mayo, propuesto por nuestro presidente Javier Milei, contiene entre sus puntos claves “ el equilibrio fiscal innegociable”, echando luces de esperanzas a una inflación que debería ir quedando en la historia.
Sin embargo, décadas de inflación nos hicieron adictos al endeudamiento, que permitía licuar y apalancar nuestras actividades. Un horizonte más claro sin emisión ni inflación, nos exige ir preparándonos para trasladar a nuestra micro un superávit real que haga sostenibles nuestros negocios.
Conclusión
La realidad demuestra, que aún tomando decisiones apropiadas de financiamiento, las mismas no son suficientes.
Es importante y urgente aprender a gestionar, el riesgo precio de los activos en las que estamos invertidos, y que será necesario desprenderse para honrar dichos compromisos.
No hacerlo, puede dejarte con menos capital para la campaña siguiente.
Para acompañarte en la optimización de tus decisiones de financiamiento e inversiones, desde la comunidad Agroeducación te invitamos a nuestro Programa “FINANZAS en el AGRO” donde te compartiremos herramientas financieras concretas, facilitándote el análisis práctico y la flexibilidad que necesitás entrenar cuando cambia el contexto.
Por Mónica Ortolani – Tónica Online| Docente de AgroEducación
Este libro es el resultado de cuatro viajes de su autora, Matilde Fierro, a la parroquia de Medjugorje, en Bosnia Herzegovina, donde se aparece la Virgen María como la Reina de la Paz desde 1981.
¡Usted puede leer ya en forma digital! Basta con hacer click en los siguientes archivos:
Vayamos al ejemplo concreto de productores que guardaron soja y tomaron financiamiento en pesos a tasas del 120% anual. Por una compra de U$s 10.000, hicieron un cheque de $ 5.478.000. De haber fijado precio, habrían comprometido unas 28 tn de maíz o 16 tn de soja.
