Buenos Aires, jueves 22 agosto (PR/24) — Trabajadores de la pesca denunciaron que la derogación de una serie de normas por parte del Gobierno nacional atentan contra la sostenibilidad de las especies de la fauna marina nacional y, en consecuencia, a sus fuentes de trabajo. Además afirman que las desregulaciones propuestas no generaban costo para el Estado.

La denuncia apunta a la Resolución 76/2024 de la Secretaría de Bioeconomía que derogó 12 normas  sancionadas entre 2021 y 2023 que, según los trabajadores, desmanteló cuatro unidades de certificación, seguimiento y control de la producción pesquera.

El secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo, capitán Mariano Moreno, sostuvo que  “no se puede ir contra una reglamentación que no hace más que cuidar el recurso, y que ha posicionado a la Argentina como uno de los productores de mariscos más importantes y avanzados del mundo. No tiene lógica”.

Entre las normas derogadas se encuentran 11 resoluciones de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y una disposición de la Subsecretaría de Fortalecimiento Productivo y Sustentable para Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios, perteneciente a la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Por otro lado, Moreno denunció que, en paralelo a esta desregulación, el gobierno intervino en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) con la designación de Gonzalo Eduardo Bacigalupo.

“Es una intervención encubierta porque designaron a un trader de pescado, violando el artículo cuarto de la Ley 21673 que crea el organismo, que es muy clara: el director debe ser un profesional con título universitario en alguna disciplina vinculada con las ciencias del mar”, apuntó Moreno.

La principal preocupación gira en torno a la eliminación de cuatro entes clave para la administración del sector pesquero, como la Unidad de Certificación de Capturas y Exportaciones, la Unidad de Coordinación Pesquera, la Unidad de Seguimientos Especiales Pesqueros y la Unidad de Ingresos al FONAPE.

Moreno aseguró: “Los trabajadores vamos a pedir que se revea esta situación, porque va en contra de los intereses del Estado mismo, y vamos a exigir que no se innove con las designaciones y las derogaciones”.

“En un tiempo vamos a tener agua vacía, sin el recurso natural para trabajar”, advirtió el sindicalista.

Por otro lado, trabajadores manifestaron que “se encuentran en alerta permanente ante la indefinición sobre el futuro del Régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) de las especies Merluza Hubbsi, Merluza de Cola, Polaca y Merluza Negra que vence el 31 de diciembre del presente año”.

En tal sentido, recordaron que el proyecto original de la denominada “Ley Bases” presentaba un capítulo que pretendía entregar los recursos pesqueros argentinos al mejor postor mediante licitaciones públicas internacionales sin ponderar las inversiones que las empresas realicen en nuestro país ni la generación de mano de obra argentina.

Por lo expuesto solicitan al Consejo Federal Pesquero “a que garantice la continuidad del actual Régimen de CITC en las condiciones actuales para los próximos 15 años. Ello generará certidumbre para toda la cadena de valor pesquera, comenzando por los trabajadores y empresas pesqueras”.

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Fuente: Noticias Argentinas

El reclamo es compartido por la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP) a raíz de la “crítica situación” que atraviesa ese mercado.

El pedido será elevado en las próximas horas ante la Secretaria de Bioeconomía, el Consejo Federal Pesquero y la Subsecretaría de Recursos Acuícolas y Pesca de la Nación.

En un acto que se realizó el viernes último en La Rural, Milei aseguró que busca “eliminar el Impuesto País” para luego quitar las retenciones y que “el campo sea libre”.

Al respecto, el presidente de FULASP, Raúl Cereseto, explicó: “es urgente suspender por un período mínimo de 180 días los derechos de exportación para las posiciones arancelarias correspondientes a todos los productos pesqueros”.

“Eso sería fundamental para mejorar la competitividad de toda la cadena productiva, incentivando el desarrollo de la producción y el agregado de valor nacional, además de impulsar las ventas a mercados extranjeros y elevar significativamente los ingresos de toda la industria acuícola”, enfatizó el dirigente.

Según la Fundación, “la crisis del mercado mundial, los elevados costos internos y el tipo de cambio planchado muestran un escenario presente y futuro muy sombrío para la industria pesquera”.

“Las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania, indicadores inflacionarios en los países compradores de productos, la continuidad de medidas restrictivas que se instalaron en el mercado asiático a partir de la pandemia por el Covid – 19, el significativo descenso de la demanda y la caída en los precios; sumado a la competencia que genera la acuicultura, ha llevado a un contexto muy desfavorable a todas las empresas de bandera nacional”, añadió la entidad.

A la vez, advirtió que la estructura de costos “se ha vuelto inviable” debido a varios factores, como ser el aumento de los
costos de captura y producción, el incremento en los precios de combustibles, aceites y packaging, los mayores gastos de distribución, el aumento de los costos portuarios, el impacto de la inflación en los ajustes salariales y el atraso cambiario acumulado de años anteriores.

Como ejemplos, FULASP detalló que, en el caso de la merluza hubbsi, el filet congelado elaborado en tierra en envases de más de un kilo tiene retenciones del 3%, mientras que el tubo limpio de calamar en envases de un kilo tributa el 5%.

Por su parte, el langostino easy peel o tail on, para envases de hasta un kilo abona el 1% de derechos de exportación, y para el caso de envases mayores es del 3%, mientras que las colas en envases de hasta dos kilos tributan el 3% de retenciones.

Finalmente, el crustáceo entero está alcanzado con un 6% en cajas de hasta dos kilos, mientras que la exportación de colas en bloques mayores a dos kilos para reprocesamiento en otros países tributa el 9%.

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Fuente: Noticias Argentinas

Buenos Aires, miércoles 20 marzo (PR/24) — Dos renuncias más se suman al caso del buque Tai An y la pesca ilegal de merluza negra en el sur argentino.

Ayer por la noche renunció Pablo Ferrara Raisberg, el coordinador general en elMinisterio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y representante de la cartera de exteriores en el Consejo Federal Pesquero, quien sería el indicado de ejercer las presiones sobre el ex director de Control y Fscalización Pesquera, Julián Suarez. Hoy hubo una tercer renuncia, y es la de Guillermo Abdala Bertiche, ex director nacional de Acuicultura.

Estas nuevas renuncias se dan 24 horas después de la renuncia de Suárez y que el conflicto tome escena pública y empiece a hacer ruido político.

El barco quedó en medio del escándalo cuando tres empresas del rubro denunciaron que el buque de fondos chinos pero de bandera argentina estaba pescando merluza negra sin permiso y desde la Subsecretaría de Pesca no iniciaron ninguna acción para evitarlo por supuesta presión de Cancillería.

Ahora, no solo las empresas que tienen los permisos y denunciaron, sino que el senador radical de Tierra del Fuego Pablo Blanco, está pidiendo explicaciones oficiales y parece tener un trasfondo político.

“Lo irregular desde mi punto de vista de esta ocasión es que a esta pesca irregular no se la quiere castigar con lo que establece la Ley Nacional de Pesca y se pretende dejar como si nada hubiera pasado”, explicó el senador radical por Tierra del Fuego Pablo Blanco en una entrevista con el programa De Una por C5N.

Para el legislador fueguino, “es un hecho muy grave”. Es por ello que “tomé la iniciativa de solicitar información oficial a la Cancillería y a la Subsecretaría de Pesca sobre este tema, para ver realmente que ha sucedido con este barco”, completó Blanco.

Por otra parte, se conoció que el Gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, habría solicitado al Consejo Federal Pesquero una cuota extra de 300 toneladas de merluza negra para el buque Tai An  y las cámaras pesqueras han considerado como muy grave  esta intervención y más para un buque que ni siquiera tiene cuotas ordinaria de pesca del ejemplar. Por lo que la situación está escalando y seguramente habrá noticias en los próximos días, ya que el buque esta en el puerto y se podrá validar la carga.

El buque Tai An, denunciado por pescar merluza negra de manera ilegal, llegó este miércoles al puerto de Ushuaia. La carga -finalmente de 163 toneladas- fue despachada a recámaras de congelamiento y allí permanecerá hasta que las autoridades definan qué hacer: si se decomisa, se dona a entidades de caridad o finalmente sigue su viaje de exportación. Es un lote que en el mercado internacional puede alcanzar los 4 millones dólares. Pero, según denunciaron tres empresas competidoras, fue obtenido por la firma PRODESUR S.A. (de capitales chinos) sin los permisos correspondientes. Para diferentes organizaciones ambientales, se trata de un “robo de recursos” naturales.